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PLENO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

Aprobada la Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno Abierto

En un pleno en el Parlamento de Navarra

Imagen de un pleno anterior en el Parlamento de Navarra

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Actualizada 14/06/2012 a las 11:52
  • EFE. PAMPLONA
El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los apoyos de UPN, PSN y PPN, el rechazo de NaBai y Bildu, y la abstención de I-E, la Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno Abierto, que condensa en una aspectos "esenciales" para crear una "nueva forma de interrelación con la ciudadanía basada en la transparencia".

A fin de "reforzar la legitimidad" de la propia Administración, se configura un derecho de acceso a la información "menos restrictivo" y se propugnan medidas para conseguir una mayor claridad en la actividad pública y la gestión administrativa mediante el fomento de la "participación y la colaboración" ciudadanas.

La Ley se completa con una serie de garantías "administrativas, judiciales y extrajudiciales" y la creación de una Comisión de Seguimiento para la verdadera implantación de la Transparencia y el Gobierno Abierto. Además, se prevé la adopción de nuevos criterios de publicidad, nitidez y limitación en el cobro de retribuciones, ingresos, dietas y cesantías.

Entre los instrumentos de participación y colaboración ciudadanas recogidos en la norma elaborada por el departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior se encuentra, entre otros, el Portal del 'Gobierno Abierto', un espacio para recoger, vía internet, las demandas y opiniones de los ciudadanos, canalizar su participación y ofrecer información "en tiempo real y sin tratar".

A su vez, se prevé la creación en seis meses de un Registro de participación y colaboración ciudadana, en el que se podrán inscribir ciudadanos y entidades interesados en recibir información sobre materias específicas de competencia de la Administración.

Todo ello, con el fin de poder tomar parte activa en los instrumentos específicos de participación y colaboración previstos en esta Ley: foros de consulta, paneles ciudadanos y jurados ciudadanos.

Por otra parte y en el marco del derecho a promover iniciativas reglamentarias, se contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar propuestas de tramitación de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos, que deberán estar respaldadas por las firmas de 2.000 personas para decidir si se tramita.

En lo relativo al Plan General de Simplificación Administrativa -a elaborar en un año- inserto en la Ley, se prevé la creación de una Comisión Interdepartamental llamada a "promover, planificar y coordinar el diseño y la ejecución" del Plan, así como a evaluar, de conformidad con los indicadores recogidos en dicho proyecto, su grado de implantación efectiva.

La Comisión contará con representantes de todos los departamentos de la Administración y, en su caso, con las personas o entidades ajenas que se consideren precisas.

Además, se creará una Comisión de Seguimiento para la implantación de la transparencia y del Gobierno Abierto que se encargará de impulsar, con carácter general, la puesta en funcionamiento de las medidas recogidas en la Ley, valorar su grado de implantación y promover todas aquellas actuaciones correctoras necesarias para lograr, en tres años, la plena efectividad y cumplimiento de las disposiciones reseñadas en la norma.

En este mismo contexto de racionalización y simplificación administrativa se inserta la voluntad de extender, "en cuanto sea posible", el silencio administrativo positivo.

En cuanto a la información pública y sus límites, se incluye la estructura organizativa entre la información que, con carácter general, la Administración debe poner a disposición de la ciudadanía de forma "accesible, clara, objetiva y actualizada".

También resulta obligada la identificación de los miembros de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales existentes, identificando la organización sindical a la que pertenecen, así como los costes que generan a los distintos Departamentos y organismos públicos.

Se deberá facilitar también información general sobre las retribuciones totales percibidas por los empleados públicos.

También se asume la obligación de hacer más transparente la contratación pública, y se otorga un año de plazo a las distintas Administraciones Públicas de Navarra para que, en el ámbito de sus competencias, adopten medidas de transparencia y participación ciudadana conforme a los principios de esta Ley.

En su defensa, Javier Caballero (UPN) ha subrayado que la ley supone "un paso" más en este ámbito en el que Navarra ya "ha venido haciendo los deberes", mientras que el socialista Samuel Caro ha valorado que la ley "tiene como epicentro a los ciudadanos", y Eloy Villanueva (PPN) la ha considerado "un paso más que positivo".

Por el contrario, Txentxo Jimenez (NaBai) ha lamentado el "gran montaje mediático y engaño" que supone la ley, que "no se creen ni sus propios promotores", argumento compartido por Bakartxo Ruiz (Bildu), quien no da "credibilidad alguna" a sus promotores, a quienes ha pedido "un ejercicio sincero" y no una "operación de marketing basada en palabras huecas" con este ley.

También Txema Mauleón (I-E) ha lamentado que la ley "se ha quedado muy corta", aunque ha reconocido que con ella "no estaremos peor que ahora", por lo que ha anunciado su abstención.
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