No habrá cierre de aulas públicas el curso que viene en Navarra. No es sólo que el balance total no vaya a arrojar un saldo negativo de unidades (eso ya lo había anunciado el consejero Gimeno, que se desdijo después de anunciar el cierre de 19 aulas en un primer momento); sino que ningún centro público perderá líneas con respecto a su oferta actual. 

Así lo trasladó este viernes el departamento de Educación en una nota de prensa, en la que informaba que ya había comunicado esta decisión a a los centros educativos afectados. Un listado que nunca ha hecho público, aunque sí habían transcendido colegios como el de Arbizu, Monreal, San Francisco de Pamplona, Irain de Lesaka, Irulegi de Mutilva, Auzalar de Orkoien, Joakin Lizarraga de Sarriguren, Uharte Arakil y Zubiri. 

Según lo previsto, la semana que viene Educación concretará a cada centro “la oferta definitiva para el curso 2026-2027, en la que los grupos a recuperar se asignarán en el nivel en el que las previsiones de ratio sean mayores”. “Los centros educativos públicos no solo mantendrán los grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tienen en el presente curso, sino que verán incrementarse notablemente el número de unidades el próximo curso para atender las nuevas necesidades educativas”, aseguró en la nota el departamento. 

Cabe recordar que el Parlamento de Navarra aprobó el 14 de mayo una ley para prorrogar las unidades concertadas, después de que Educación hubiera anunciado el cierre de 14 aulas de Infantil el curso próximo. La norma, impulsada por UPN, salió adelante con los votos a favor de los regionalistas, PP y Grupo Mixto (Vox), y con las absteciones de Bildu y Geroa Bai, un movimiento que provocó una crisis entre los socios de Gobierno. 

“En una interpretación amplia de la Ley Foral de UPN sobre los conciertos educativos aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo, el Departamento de Educación, con el fin de garantizar la máxima protección de la educación pública, ha decidido el mantenimiento de las unidades actuales de cada centro educativo en aplicación del criterio de etapa y no del número global de unidades del sistema educativo público. Una decisión del departamento que dirige el consejero Carlos Gimeno que traslada a la educación pública el tratamiento protector que la ley regionalista establece hacia los centros privados concertados, a los que se les ha concedido una moratoria de un año para las catorce unidades que Educación aprobó reducir”, contextualizaba la nota de Educación.