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Justicia

El Parlamento de Navarra pide al Gobierno central crear plazas de fiscales

Aprobada una petición para mejorar la situación de "sobrecarga" que viven los fiscales en la Comunidad foral

El Parlamento de Navarra pide al Gobieno central crear plazas de fiscales
El Parlamento de Navarra pide al Gobieno central crear plazas de fiscales
  • EFE. Pamplona
Actualizado el 11/12/2020 a las 14:25
La comisión de Políticas Migratorias y Justicia del Parlamento foral ha aprobado por unanimidad (Izquierda-Ezkerra no ha participado en la sesión) una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “crear las plazas de fiscales necesarias para atender al conjunto de la población de Navarra".
El objetivo es "atender las necesidades de la Justicia en Navarra, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos", según se recoge en la resolución.
En un segundo punto emplaza al Gobierno de España a dotar a la Fiscalía de la Comunidad foral de los recursos humanos necesarios en cada momento, para garantizar la encomienda constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados.
Navarra Suma ha presentado una enmienda in voce de adición, no aceptada por el titular de la iniciativa, Geroa Bai, que planteaba instar al Gobierno Foral a dotar a la Fiscalía "de los recursos técnicos y materiales en cada momento, para garantizar la encomienda constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”.
En la exposición de motivos, Geroa Bai hace referencia a la memoria de la Fiscalía del ejercicio de 2018, donde se destaca que, no habiéndose producido en nueve años modificación alguna del número de plazas de la plantilla, es "la que menos fiscales tiene por número de habitantes”, con una ratio de 3,27 fiscales por 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 5,2.
Al respecto advierte que la “sobrecarga” de trabajo de los fiscales existentes tiene graves consecuencias para la ciudadanía, como el retraso en la tramitación de los asuntos, en los plazos establecidos en la ley o en la exploración de menores entre otras.
Asimismo insiste en que dichas consecuencias “impiden un real efectivo derecho a la ciudadanía de verse tutelados sus derechos e intereses de la forma que marca la ley y todas las recomendaciones sobre las buenas prácticas sobre ello y, por ende, se traducen “en una peor justicia como servicio público de calidad”.
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