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Parlamento

Rechazada una moción que instaba a reformar la Ley para ejercer el indulto

En concreto, el texto impulsado por NA+ proponía instar al Gobierno de España a “iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto

Pleno del Parlamento de Navarra.
Pleno del Parlamento de Navarra.
Parlamento de Navarra
  • EFE. Pamplona
Actualizada 28/10/2020 a las 12:46

La comisión de Políticas Migratorias y Justicia del Parlamento ha rechazado, con los votos en contra de todos los grupos, excepto Navarra Suma que ha votado a favor, una moción para instar al Gobierno de España a presentar un proyecto de reforma de la Ley de 1870 para el ejercicio del indulto.

En concreto, el texto impulsado por NA+ proponía instar al Gobierno de España a “iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, a fin de evitar el uso de esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partidistas”.

Dicho proyecto, según precisaba, debía “establecer unos determinados delitos en los que no quepa concesión total ni parcial de esta figura, como son, al menos, los de corrupción, los relacionados con la violencia de género, terrorismo, tráfico sexual, pederastia, violencia sobre menores, rebelión y sedición”.

Además, debía consignarse la “obligatoriedad de un informe de motivación que, a juicio del Gobierno, merezca su justificación y necesidad de que así deba aparecer en el Boletín Oficial del Estado”.

Del mismo modo, se propugnaba que la concesión de un indulto total exigiera “el parecer favorable del tribunal o del juez sentenciador, indicando que existen razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado que así lo aconsejen”.

En la exposición de motivos, Navarra Suma justificaba su iniciativa en la descontextualización de una Ley que data de hace 150 años y “responde a las necesidades de una sociedad de otra época”, motivo por el que se subrayaba la necesidad de legislar “conforme a la realidad de nuestros días”, procurando en todo caso “preservar esta figura de la confrontación partidista y el juicio popular”.

Al respecto hablaba de un “recurso excepcional” que sólo resulta “democráticamente asumible cuando, concurriendo razones de justicia, equidad o utilidad, existe justificación suficiente para, previa conformidad del tribunal sentenciador, motivar debidamente la emisión del real decreto correspondiente, desde 1988 eximido de tal requisito”.

No obstante y debido al “especial rechazo” que suscitan algunos comportamientos, se defendía la exclusión de determinados delitos, entre los cuales se citaban los de “sedición y malversación”, por estimar que “responden a fines partidistas y suponen un ataque a la separación de poderes y a las reglas de convivencia, pilares básicos de la democracia”.


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