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Policía Foral

El Gobierno de Navarra tendrá que abonar 1.000 euros en "atrasos" a 750 policías forales

ELA interpuso una demanda que se ganó en primera instancia

Imagen de archivo de varios vehículos de Policía Foral de la flota antigua.

Imagen de archivo de varios vehículos de Policía Foral de la flota antigua.

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Actualizada 05/06/2019 a las 12:53
  • Diario de Navarra
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ELA ha ganado una sentencia para uno de sus afiliados por la cual el Gobierno de Navarra deberá abonar un "atraso salarial" de 1.139 euros a un policía foral por "una mala aplicación de la Ley Foral 15/2015", que regulaba el nuevo sistema de jornadas y retribuciones.


El sindicato ha destacado que "decenas de personas afectadas han exigido ya la extensión de la sentencia" lo que llevaría a que el Ejecutivo foral "deba abonar por atrasos salariales una media de 1.000 euros a unos 750 u 800 agentes de la Policía Foral", lo que podría suponer un monto de 750.000 euros.


ELA ha criticado en un comunicado "la pésima gestión del Gobierno de Navarra, ya que su inacción le llevó a no realizar el estudio de puestos de trabajo necesario para la aplicación de la ley". "Ello hizo que el 28 de diciembre de 2015 aprobara una nueva ley para retrasar la entrada en vigor de la primera", ha indicado.


"El Gobierno hizo una interpretación de la norma por la que no aplicaba la retroactividad en las retribuciones, de tal manera que pretendió no abonar los incrementos retributivos desde el 1 de enero de 2016, sino desde el 1 de octubre de ese año", ha explicado.


Así las cosas, el sindicato interpuso una demanda para que se aplicaran los incrementos desde el 1 de enero, y no desde el 1 de octubre, que ganó en primera instancia mientras que el recurso de casación de Gobierno de Navarra fue inadmitido. "Si bien fue una demanda de carácter individual, ahora puede solicitarse su extensión al resto de agentes", ha destacado.


ELA ha reprochado "la actitud" de la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, "que ante un caso tan claro de conculcación de derechos laborales, ha obligado al sindicato a optar por la vía jurídica, con el consiguiente desgaste para las personas afectadas y los riesgos que genera una ley tan antidemocrática como la impuesta por el ex ministro Gallardón en 2012".

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