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Ley del Vascuence

Barkos sostiene que la realidad de Navarra “ha superado la zonificación” lingüística

La presidenta reconoce que modificaría la Ley foral del Euskera, pero no tiene votos suficientes

Foto de la presidenta Uxue Barkos, durante su discurso.

La presidenta Uxue Barkos, durante su discurso.

CEDIDA
Actualizada 18/10/2017 a las 08:05
  • Beatriz Arnedo

La presidenta Uxue Barkos defiende el decreto con el que su Gobierno quiere regular el uso del euskera en las administraciones públicas, pese a que el Consejo de Navarra ha cuestionado la legalidad de varios de sus artículos, entre otros motivos, por no tener en cuenta en algunos aspectos la zonificación y la diferente realidad sociolingüística de la Comunidad foral.

El Ejecutivo no va a retirar su norma. Sin embargo, Barkos, que insistió en que ese informe “no es un varapalo” para el Ejecutivo, reconoció que van atender algunas de las cuestiones que plantea. Aunque no aclaró hasta dónde llegarán esos cambios en los que ya trabajan los servicios jurídicos y el Instituto Navarro del Euskera.

“Yo hubiera preferido reformar la ley” del Euskera, señaló la presidenta. “Nos hubiera podido evitar muchas diferencias, pero no existe una mayoría en estos momentos en la Cámara”. Se refería a la ley que recoge las tres zonas lingüísticas de Navarra, la vascófona (única en la que el euskera es cooficial con el castellano), la mixta y la no vascófona. Hay que recordar que EH Bildu, tras el informe del Consejo de Navarra, defendió cambiar la ley para eliminar esa zonificación. Pero como ayer recordó Barkos, los cuatro socios no están de acuerdo.

El dictamen del Consejo de Navarra concluyó que el decreto “no se ajusta a la legalidad” en 7 de sus 41 artículos y en una disposición (reproducidos en la parte inferior de la página). El Consejo cuestiona, entre otros aspectos, los criterios para establecer las plazas de euskera que se ampliarán en la Administración foral, ya que no tiene en cuenta la zonificación.

Considera que puede haber un criterio “discriminatorio” en el acceso a la función pública si se impone en la zona mixta y en la no vascófona el euskera como mérito en las plazas sin perfil lingüístico, tanto en el concurso oposición como en la movilidad interna de los funcionarios. Hay que recordar que en la mesa de Función Pública el decreto sólo contó con el apoyo de ELA.


LA REALIDAD Y LA ZONIFICACIÓN

La presidenta compareció a petición del PSN. Barkos sostuvo que el dictamen del Consejo avala la mayor parte de los artículos del decreto, al no cuestionar su legalidad. Mantuvo que sí tiene en cuenta la zonificación, como recoge el artículo 3 que detalla los objetivos de la norma.

Sin embargo, Barkos destacó que la realidad sociolingüística “avanza” más que la ley. Puso como ejemplo que el 30% del alumnado de la UPNA “es euskaldun”. “La normativa no puede dar la espalda a esta evolución y en ese camino estamos. Después de 30 años, la realidad sociolingüística de Navarra ha cambiado, superando la zonificación de la propia Ley del Euskera”.

Dijo que así lo evidencian los datos de la encuesta sociolingüística de 2016 que situaba “a los vascoparlantes activos” mayores de 16 años en 80.000 y en 55.000 a los “pasivos”. Y que entre los menores de 24 años el porcentaje de euskaldunes es del 25%, “uno de cada cuatro jóvenes navarros”. Señaló que todo ello “justifica la urgencia de cambios normativos”.

La presidenta indicó que sólo hay 160 plazas en euskera en las 16.000 que tiene la Administración. Contó que en un año el Ejecutivo realizará por departamentos una planificación de los puestos que tendrán perfil bilingüe (en euskera) y que eso no afectará “a quienes tienen consolidados sus derechos como empleados públicos”. Se priorizarán los puestos de atención al público, dijo, asegurando que se tendrá en cuenta la realidad lingüística. Esa planificación “se va a negociar” con los sindicatos antes de que el Gobierno la apruebe, recalcó. Negó que vaya a haber “imposición” alguna.

En cuanto a valorar el euskera como mérito en las zonas no vascófona y mixta, indicó que “no cabe hablar de discriminación”, “como no lo es valorar el inglés, el francés o el alemán”. Afirmó que “las normas vigentes establecen que el ingreso en la función pública se hará de forma ordinaria por oposición, dejando la valoración de méritos o concurso-oposición para las carreras sanitarias y docentes”. “Es decir, en la mayoría de las plazas que se aprueben en las OPEs del Gobierno no se va a valorar ningún mérito, así que aquellos que dicen que hay navarros que no sabiendo euskera no van a poder trabajar en la Administración mienten de manera declarada”.


"ERROR CONTRAPONER LENGUAS"

María Chivite (PSN) vio positivo que el Gobierno cambie el decreto tras el informe del Consejo. Negó que éste avale la mayor parte de la norma, ya que ha cuestionado la legalidad de aspectos “fundamentales” para el acceso a la función pública y a la igualdad de oportunidades. Chivite consideró una “equivocación gruesa” “contraponer” o “enfrentar lenguas” como a su juicio hizo la presidenta.

UPN y PP reclaman la retirada del decreto. Para Sergio Sayas (UPN), decir que el Consejo lo ha avalado es “mentir o manipular”. “Ha recibido un sonoro varapalo”. Recordó que los datos del Gobierno cifran en casi un 13% los euskaldunes en Navarra. Tanto él como Ana Beltrán, del PP, destacaron que el informe evidencia que el Gobierno lo que quiere es “imponer” el euskera.

Koldo Martínez, de Geroa Bai, dijo que el ciudadano tiene derecho a ser atendido en las dos lenguas. “La imposibilidad de elegir se convierte en imposición”.


BILDU CALLA Y PODEMOS MATIZA

EH Bildu no opinó. Maiorga Ramírez renunció a intervenir por las detenciones de los líderes catalanes de ANC y Òmnium.

Podemos e I-E apoyaron este decreto, pactado por el cuatripartito. Pero el portavoz de Podemos, Rubén Velasco, subrayó que no verían bien que en la zona mixta y en la no vascófona se diera una puntuación al euskera como mérito equiparable o superior a méritos más trascendentes para el puesto que se va a ocupar. “Porque garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en su propia lengua no debe de producirse en detrimento del principio de eficacia, es decir, de intentar conseguir los mejores profesionales, que es lo que debe garantizar la Administración”.

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