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Cláusulas suelo

Aprobada la ley sobre el tratamiento fiscal de la devolución de las cláusulas suelo

La propuesta de UPN tiene como objetivo "garantizar la neutralidad fiscal a los consumidores navarros"

Debate sobre la derogación de la Ley de Símbolos de Navarra en el pleno del Parlamento.

Pleno del Parlamento de Navarra.

Actualizada 30/03/2017 a las 15:09
  • EFE. Pamplona

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, por unanimidad y en lectura única, la Ley Foral dirigida a regular la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo y garantizar que la devolución de estas cantidades no generen impuestos para los consumidores.


La Ley impulsada por UPN busca reglar los efectos fiscales que para los contribuyentes navarros puede tener la restitución de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos (cláusulas suelo), a partir de los acuerdos alcanzados con las entidades financieras.


Para ello, y dada la potestad de la Comunidad Foral para establecer su propio régimen tributario, se añade una nueva disposición adicional a la Ley del IRPF de 2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelos.


Se pretende trasponer el Real Decreto Ley de 2017 que regula el tratamiento fiscal de las cuantías percibidas por la devolución de las cantidades que, en aplicación de las cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito con garantía inmobiliaria, resultaron indebidamente devengadas por las entidades de crédito.


El Real Decreto Ley de 2017 es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2016 dejó sin efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, que pretendía limitar los efectos restitutorios a las cantidades pagadas con posterioridad a la resolución judicial (2013) mediante la que declaró el carácter abusivo de las cláusulas suelo.


Ahora, según los criterios de tributación fiscal establecidos en la Ley Foral, la devolución de las cláusulas suelo, en efectivo o través de otras medidas compensatorias, así como sus intereses indemnizatorios, no se integrará en la base imponible del IRPF.


En el caso de las cantidades satisfechas por estas cláusulas que hayan formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual de ejercicios no prescritos, se regularizarán las deducciones indebidamente practicadas en el periodo impositivo en que se celebre el acuerdo o se obtenga la sentencia o laudo arbitral, sin incluir intereses de demora.
Por su parte, no se regularizarán las cantidades que se hubieran destinado a minorar el principal del préstamo.


Respecto de las cuantías que hubieran tenido la consideración de gasto deducible o disminución del patrimonio en ejercicios anteriores no prescritos, se rectificará, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargos, las declaraciones de esos ejercicios, para anular el gasto o disminución del patrimonio.


A instancias de Podemos, cuya enmienda de modificación ha sido aprobada por unanimidad, se ha incluido un último apartado que obliga a las entidades financieras a remitir a la Hacienda Foral un certificado que recoja los términos de los acuerdos extrajudiciales o de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales, para facilitar la gestión tributaria de las medidas.


Así, las entidades financieras deberán informar de las cantidades que se devuelvan, sea cual sea la forma elegida (devolución en efectivo, minoración del préstamo u otras), con desglose de las anualidades a las que corresponda; y de la identidad del contribuyente o contribuyentes afectados.


En defensa de la proposición, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) ha justificado la iniciativa para "evitar que los contribuyentes navarros se encuentren en peor condición que los de régimen común" y para que "se garantice la neutralidad fiscal para los consumidores navarros" e la devolución de "un dinero que nunca debieron pagar".


Por Geroa Bai, Jokin Castiella, ha respaldado la "finalidad de justicia social" de la iniciativa y de la enmienda de Podemos, sobre la que ha mostrado su "cierta duda" de que vaya a agilizar los trámites.


Maiorga Ramirez (EH Bildu) ha definido el de las cláusulas suelo como ejemplo "significativo de cómo se han vulnerado los derechos de la ciudadanía y de una manera muy tosca", y ha arremetido contra las prácticas de los bancos en esta y otras materias.


En la misma línea, Laura Pérez (Podemos) ha lamentado el "escenario plagado de engaños y abusos" contra el consumidor por parte de los bancos, ha defendido su enmienda que "busca prevenir" y ha minusvalorado el trabajo de UPN con la propuesta porque es un "trasposición idéntica" de la estatal y el partido regionalista "solo busca el titular y ocultar las vergüenzas".


La socialista Ainhoa Unzu también ha mostrado su apoyo porque "esta proposición contribuye a dar un paso más para reparar la injusticia cometida contra casi dos millones de personas", mientras que por el PPN Javier García ha dicho "compartir plenamente la exposición de motivos".


José Miguel Nuin (I-E) se ha unido a la dura crítica contra las prácticas bancarias de los últimos años y la actitud de los poderes públicos, "una de las mayores vergüenzas", por lo que "está bien que aprobemos esta ley pero estaría mucho mejor conseguir que los poderes púbicos estén en defensa de los intereses de los derechos de las víctimas".

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