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TRIBUNALES

El Gobierno foral no recurrirá la sentencia sobre la escolta a Del Burgo

La consejera Beaumont acata el fallo judicial, "aunque discrepemos" de su contenido

El exportavoz adjunto del PP en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo, a su llegada al Palacio de Justicia de Navarra

El exportavoz adjunto del PP en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo.

EFE
Actualizada 12/01/2017 a las 12:34
  • EUROPA PRESS. PAMPLONA

El Gobierno de Navarra no va a presentar un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revoca la decisión del Ejecutivo foral de sustituir la escolta del expresidente de la Diputación Foral Jaime Ignacio del Burgo por un sistema de contravigilancia.


Así lo ha afirmado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, quien ha explicado que el Ejecutivo ha decidido no recurrir la sentencia, "aunque discrepemos de ella". Beaumont, que ha respondido en el pleno de la Cámara a preguntas de Geroa Bai y Podemos sobre la resolución judicial, ha explicado que en esta sentencia "se ha debatido únicamente normativa foral", por lo que "consecuentemente la competencia" para resolver el recurso de casación "no sería del Tribunal Supremo, sino de la propia sala sentenciadora".


Según ha precisado, es "obvio" que a la vista de la argumentación dada en la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra "no va a cambiar de opinión" ante el recurso de casación, por lo que se ha decidido no presentarlo tras estudiar con "detenimiento" el tema.


"No es viable", ha asegurado la consejera, quien, no obstante, ha puesto de manifiesto que el tribunal ha desestimado las argumentaciones de Del Burgo. Tras citar algunas de ellas, Beaumont ha afirmado que no sabe "cuántas tonterías más" señala el expresidente en su recurso, unas palabras que la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha pedido a la consejera que las "retire".


Sobre el coste de la protección a Del Burgo, la consejera ha asegurado que mientras que la contravigilancia supone una cantidad aproximada de 15.000 euros anuales, un servicio continuo de escolta al expresidente "tendría unos costes brutos mínimos en torno a los 128.000 euros". "Unas cuántas cositas se podrían hacer con eso, pero es lo que hay", ha exclamado.


Por otro lado, Beaumont ha detallado que el Gobierno está revisando la normativa sobre el régimen de coches oficiales y escoltas a los expresidentes y, en concreto, el decreto foral 180/1984 que regula el estatuto de los expresidentes y exconsejeros.


"La experiencia demuestra que este decreto foral, manteniendo esa prevención, se puede acotar más y que no dé lugar a situaciones como ésta sobre una persona que dejó de ser presidente hace casi 35 años, además de manera efímera", ha planteado la consejera, quien ha apostado por "ponderar" la normativa "en pro de los intereses públicos".


La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha asegurado que a su partido "le preocupa la seguridad de todas las personas por igual, hayan sido o no presidentes o presidentas" y ha remarcado que "en la medida que supone un gasto para el erario público esta necesidad de seguridad tiene que estar objetivada".


Ha señalado que a la formación morada "nos cuesta entender que los máximos representantes políticos una vez que han dejado el cargo sigan beneficiándose de recursos públicos" y se ha preguntado "por qué necesitan una seguridad mayor que una mujer maltratada".


Ha criticado que expresidentes vayan a "consejos de administración de grandes empresas como es el caso de la expresidenta Yolanda Barcina", que vive "todo un retiro dorado", y ha defendido que "en la medida que las leyes están para cambiarse dentro de las nuevas formas de hacer política es algo que hay que contemplar".


Ante estas declaraciones, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha pedido turno de palabra, en virtud del Reglamento, para "defender el honor" de la expresidenta y ha recordado que Yolanda Barcina "está en su plaza sacada por oposición en la UPNA". Ha asegurado, además, que "su nombramiento en otros lugares nada tiene que ver con su posición como expresidenta".

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