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Agresión en Alsasua

La juez dice que la agresión de Alsasua es parte de una campaña del "miedo"

En el auto de inhibición, la jueza justifica su decisión en la denuncia presentada en ese sentido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)

Imagen del establecimiento hostelero, situado en la calle García Ximénez, donde ocurrió la agresión contra los guardias civiles y sus parejas.
Imagen del bar de Alsasua donde ocurrió la agresión contra los guardias civiles y sus parejas.
  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 10/11/2016 a las 15:40

El juzgado de instrucción número 3 de Pamplona ha acordado remitir a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por la agresión sufrida en Alsasua por dos guardias civiles y sus parejas, un caso que se investigará como un presunto delito de terrorismo.


En el auto de inhibición, facilitado por el TSJN, la jueza justifica su decisión en la denuncia presentada en ese sentido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).


Covite ha presentado en concreto una denuncia en la Audiencia Nacional contra los autores de la agresión a los guardias civiles y sus parejas, unos hechos por los que fueron detenidos dos jóvenes que quedaron en libertad con cargos tras declarar en el juzgado.


En el escrito de Covite, presentado por Consuelo Ordóñez, se hace extensiva la denuncia al colectivo 'Ospa!', a los responsables de la cuenta de Twitter '@AltsasukoGA' y a las personas y entidades "que pudieran haber sido partícipes" en la agresión y en las campañas denominadas 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí').


La jueza pamplonesa también alude, para su decisión de inhibirse, al informe emitido por el Ministerio Fiscal, que califica el delito de terrorismo, y el auto de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que se declaró competente para investigar lo sucedido.


El pasado lunes llegó además a la Audiencia Nacional el informe solicitado por este tribunal a la Guardia Civil sobre la "campaña de acoso" que estaría sufriendo este Cuerpo en Alsasua.


Los hechos tuvieron lugar en torno a las cinco de la madrugada del 15 de octubre en un bar de Alsasua, cuando un numeroso grupo de personas increpó a los agentes, que no estaban de servicio, y sus parejas.


A resultas de la agresión, uno de los agentes, un teniente de la Guardia Civil, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas en una pierna y en la cara, mientras que el otro, que es sargento, y las mujeres presentaron lesiones, magulladuras y hematomas.

 

LA JUEZ CONSIDERA QUE LA AGRESIÓN FORMA PARTE DE UNA CAMPAÑA DE ACOSO

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, considera que la agresión que sufrieron dos guardias civiles en Alsasua cuando disfrutaban de un momento de ocio con sus parejas forma parte de una campaña de acoso a los agentes dirigida a aislarles y crear un "clima de miedo" entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos a de amistad con ellos.


La magistrada, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona que se inhiba a su favor de las actuaciones abiertas tras la agresión, precisa que los hechos corresponden a delitos de terrorismo ya que están dirigidos a "atemorizar" a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que abandonen el País Vasco y Navarra.


Lamela cita los informes policiales recibidos y en los que se identifica a 12 de los agresores y precisa que su actitud pudo ir dirigida a intranquilizar a los propios agentes implicados en la pelea pero también a sus compañeros de profesión, sus familias y cualquier otra persona que pudiera apoyarles en Alsasua.


Les vincula con el colectivo Movimiento Ospa y la campaña Alde Hemendiki (Que se vayan en castellano) y precisa que tres de sus promotores parciparon en el enfrentamiento en el bar Koxka, sucedido en la madrugada del 15 de octubre.


El objetivo --dice la juez-- fue, por tanto "despertar la inquietud y el desasosiego" y perturbar el pacífico y normal desarrollo de la libertad en actividades tan cotidianas como tomarse algo en un bar.


Asegura también que entre los planes del colectivo a través de la citada campaña está influir de forma negativa en la calidad de vida de los agentes y hacerles sentir objetivo continuo de grupúsculos violentos. También "condicionar su vida diaria" y provocarles temor cuando van a comprar, disfrutan de su tiempo libre o apuntan a sus hijos a actividades.


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