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SEGÚN LA OCU

Una encuesta revela que casi el 80% de los españoles está insatisfecho con la justicia

  • Los encuestados que llegaron hasta el final de un proceso judicial se gastaron 8.400 euros de media
  • Los encuestados reconocen sus reticencias para acudir a la justicia ante determinados conflictos, sobre todo, los de consumo y, en menor medida en asuntos familiares, agresión o robo

Sesión del juicio contra 9 presuntos miembros de Segi, celebrada este viernes
Personas asisten a la celebración de un juicio
EFE
  • EFE.MADRID
Actualizada 07/11/2011 a las 14:04
Los españoles consideran que la justicia es "lenta, cara y decepcionante", según una encuesta sobre el funcionamiento de la justicia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha informado este lunes la organización. El estudio, sobre una muestra de 800 personas, revela que 8 de cada diez encuestados tiene una mala o muy mala opinión de la justicia y el 78% está insatisfecho.

De hecho, 1 de cada 3 afirma que no iría a juicio aunque se encontrara en un grave conflicto porque considera que es una pérdida de tiempo, aunque la lentitud no es igual en todas las jurisdicciones, la más lenta es la contencioso administrativa, de media unos 30 meses y la más ágil, la laboral, 15 meses de media.

Los encuestados que llegaron hasta el final de un proceso judicial se gastaron 8.400 euros de media, repartidos en 1.397 euros en gastos técnicos; 1.566 euros en gastos administrativos; 511 euros en viajes y estancias; y 4.972 euros en honorarios de profesionales: abogado y procurador, fundamentalmente.

Para la OCU es significativo que el ir acompañado o no de abogado no incide en el éxito del proceso, y en este sentido un 13% de los encuestados aseguró haber ido a juicio sin letrado y para el 52% la labor de los abogados no fue satisfactoria.

Los encuestados reconocen sus reticencias para acudir a la justicia ante determinados conflictos, sobre todo, los de consumo y, en menor medida en asuntos familiares, agresión o robo y problemas laborales.

La ONU considera necesario un cambio normativo que permita rebajar los costes del proceso, y sugiere que la asistencia de letrado y procurador deje de ser obligatoria para la mayoría de procesos, como ocurre ya en muchos países.


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