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CASO URDANGARÍN

Pendientes de la declaración del duque

  • La Fiscalía Anticorrupción sigue sin ver indicios contra la infanta Cristina, aunque espera a conocer el interrogatorio de su marido, Iñaki Urdangarín, para saber en qué situación queda. El nombre de la infanta sale en varios documentos

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Los duques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, en una imagen de mayo del año 2010. EFE

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08/01/2012 a las 06:00
  • MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID

Anticorrupción insiste: sigue sin ver indicios para citar a Cristina de Borbón en el caso Babel. Ni como testigo, ni mucho menos como imputada. Esa es la posición oficial, pero cada vez son más las voces en la Fiscalía y entre los investigadores que creen indispensable, como mínimo, conocer de primera mano la versión de la hija del Rey, cuyo nombre se repite en varios documentos y sociedades claves de la trama corrupta.

Además, aparentemente la infanta se benefició del dinero público desviado por su marido, parte del cual acabó en empresas y cuentas bancarias compartidas por el matrimonio.

La Fiscalía Anticorrupción no va a tomar por el momento ninguna decisión sobre la infanta. Antes de dar cualquier nuevo paso en este delicado sumario, quiere conocer el contenido del interrogatorio de Iñaki Urdangarín, el próximo 25 de febrero.

Su declaración será clave para conocer el futuro de la infanta, pero su estrategia procesal es una auténtica incógnita, incluso para La Zarzuela, totalmente ajena a la defensa del duque.

No obstante, tanto Anticorrupción como la propia Casa Real dan por descontado que el exdeportista exculpará a su esposa, con la que, en principio, mantiene una excelente relación.

Mandos de la investigación creen más que probable que el yerno del Rey recurra a un clásico de exculpación judicial: alegar la utilización de la esposa, ignorante por completo de los negocios del marido, al que no hacía preguntas sobre el desmesurado aumento del patrimonio familiar.

Una estrategia que se usó con profusión en casos de corrupción recientes como la operación Gürtel o la Malaya.

Otra cosa serán las declaraciones y las respuestas de los otros dos imputados clave el próximo 11 de febrero. La primera será la del exsocio de Urdangarín, Diego Torres, con quien la infanta compartió puestos directivos en Nóos. Torres, desde 2008, está distanciado, sino enfrentado, al matrimonio real y no se descarta que, dentro de su estrategia de defensa, pueda aportar datos sensibles.

Los puntos oscuros

Ese mismo día declarará también Miguel Tejeiro, el abogado de la trama, cuñado de Torres y también distanciado ya de Urdangarín y de su esposa. Este letrado conoce al dedillo las cuentas de la hija y del yerno del Rey, de acuerdo con el sumario.

Según los investigadores, son ya varios los indicios que dejan a la infanta Cristina en una posición delicada, y esos puntos serán en los que Urdangarín debería centrarse para tratar de exculparla.

El primero es el Instituto Nóos. Cristina de Borbón fue vocal de esta institución, el órgano central de la trama empresarial, el instrumento básico de Urdangarín y Torres para hacerse con los más de 15 millones de euros de instituciones públicas y privadas.

La infanta fue directiva precisamente en los años en los que se produjeron las más graves irregularidades (entre 2004 y 2006). Como vocal, no tenía por qué conocer al detalle las cuentas, pero sí asistía a las reuniones de la directiva.

Otro aspecto muy peliagudo es Aizoon, la inmobiliaria de la que la hija del Rey es propietaria al 50% con su marido. Esta empresa se encuentra en el epicentro del caso. Sólo entre los años 2004 y 2005, esta firma recibió 747.889,54 euros de dinero proveniente de Nóos por trabajos que nada tenían que ver con el tema inmobiliario.

Como propietaria de la empresa, recibió beneficios directos, según los investigadores, aunque -sostiene la Fiscalía- no hay pruebas de que la infanta estuviera al tanto de las cuentas.

Desde 2009, esta empresa está dirigida, por apoderamiento, por Mario Sorribas, que además es el administrador único de De Goes Center For Stakeholder Management, la empresa de evasión de capitales de la trama. La infanta Cristina, como propietaria de la empresa, al menos consintió ese apoderamiento.

El cerebro financiero

El sumario también deja clara la estrecha relación que Cristina de Borbón tuvo con la trama Nóos, incluso después de la primavera del año 2006, cuando el Rey ordenó al matrimonio Urdangarín abandonar el polémico instituto tras conocer las primeras irregularidades.

El propio Tejeiro -el cerebro financiero de la trama-, se dedicó en el año 2007 a confeccionar la declaración de Hacienda de la infanta para que todas las piezas encajaran, incluyendo su participación al 50% en Aizoon, con un patrimonio entonces de más 578.000 euros.

Su cuenta compartida con Urdangarín también la complica. De ella salió en 2004 un envío de 400.000 euros a nombre de Diego Torres. En teoría, se trata de un préstamo al entonces socio del exdeportista para ayudarle a comprar su vivienda en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), que le costó 1,5 millones de euros.

No obstante, esta importante transferencia, de la que sin duda la infanta tuvo conocimiento, sigue bajo investigación.

El secretario personal

La presencia cada vez más notable del secretario personal de Cristina de Borbón en el caso Babel tampoco ayuda a la infanta. Carlos García Revenga estuvo igualmente en la directiva del Instituto Nóos en los años de los mayores pelotazos. Y no en cualquier puesto, sino en el de tesorero de la entidad. Además, en la causa ya consta documentación de que García Revenga gestionaba desde el mismísimo palacio de La Zarzuela los negocios turbios del duque de Palma.

Y los responsables del caso recuerdan que también está el tema de la mansión de Pedralbes, en Barcelona, el lujoso palacete comprado por la infanta y su marido en el año 2004 y valorado en siete millones de euros, un dinero cuyo origen no está ni mucho menos claro. Anticorrupción ya sabe que al menos 600.000 euros del dinero empleado en la reforma de esa vivienda vinieron directamente de Aizoon. Se trata de una suma que provenía de fondos públicos entregados a Nóos y desviados a la inmobiliaria propiedad del matrimonio.

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