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DERECHOS HUMANOS

ONU recuerda a España su obligación de aclarar situación de los desaparecidos de la Guerra Civil

  • "El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes y quiénes son las personas que están en esas fosas", dijo Sarkin en una entrevista telefónica, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas
  • España es uno de los 28 países que han ratificado la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

  • EFE. GINEBRA
Actualizada 29/08/2011 a las 17:48
El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el sudafricano Jeremy Sarkin, recordó este lunes al Estado español su obligación de aclarar la situación de las personas desaparecidas a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior represión franquista.

"El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes y quiénes son las personas que están en esas fosas", dijo Sarkin en una entrevista telefónica, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebra por primera vez bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones "son una violación continúa de los derechos humanos" y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que "siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo".

El relator especial de las Naciones Unidas dijo que el deseo de su grupo es que "en España se siga trabajando en este asunto, que se trabaje para identificar todas las fosas comunes que hay en el país".

Sarkin destacó que "las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial".

"Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación"
, agregó.

España es uno de los 28 países que han ratificado la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde diciembre pasado, pese a haber sido adoptada por las Naciones Unidas en 1982, y que en opinión de Sarkin ayudará a avanzar en la resolución de este problema.

Desde hace más de 30 años, funciona también el grupo de trabajo que ahora preside Sarkin y que se creó con el objetivo de asistir a las familias en su intento de averiguar el paradero de sus seres queridos y ser un canal de comunicación con los gobiernos.

Su competencia tiene el respaldo de la ONU hasta que cada caso particular de desaparición quede aclarado satisfactoriamente.

El equipo que dirige Sarkin colabora con el Comité sobre Desapariciones Forzadas, que es el organismo de expertos independientes que hace un seguimiento de la aplicación de la convención y que volverá a reunirse el próximo mes de noviembre.

Sarkin expresó su deseo de que los países "cooperen plenamente con este comité", constituido a raíz de la adopción de la convención internacional, y aseguró que este órgano "seguirá investigando a todos los estados, incluidos los que han ratificado" el texto, por lo que el caso de España volverá a ser tratado este mismo año.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recordó este lunes que, en el caso de España, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas
, según el intento frustrado del juez Baltasar Garzón de investigar este caso.

La ARMH denunció "el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista" y subrayó que la desaparición forzada "es el delito más grave que existe en el Derecho Penal".

"Se trata de una detención ilegal, acompañada de torturas y de un asesinato tras el que se oculta el cadáver. Por esa razón, se trata de un delito permanente porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores del delito o hasta que los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación", explicó Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Silva recordó que la convención suscrita por España "define las obligaciones que tienen los Estados en la erradicación de las desapariciones" y denunció que "el Gobierno español lleva incumpliéndola desde el primer minuto de su entrada en vigor".


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