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Los representantes del Gobierno dijeron al juez que ETA tergiversó las reuniones

Los mandos policiales negaron haber recibido órdenes para aflojar la presión sobre la banda

  • MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID
Publicado el 31/03/2011 a las 03:00
Por separado y en secreto. El 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero en un despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional los tres representantes del Gobierno en las negociaciones con ETA en 2006 aseguraron al juez Pablo Ruz que ETA tergiversa en sus actas los mensajes que ellos trasladaron a la banda en nombre del Gobierno.
El ex fiscal general del Estado y ex ministro, Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, negaron ante el instructor que dieran garantías a los terroristas de que las fuerzas de seguridad iban a bajar el pistón ni que el Gobierno prometiera que frenaría operaciones antiterroristas con la connivencia de la Fiscalía.
Actas y realidad
En sus declaraciones en sede judicial, los ahora testigos protegidos TP01, TP02 y TP03 se esmeraron en desmentir buena parte de las aseveraciones que ETA hace en sus actas y que fueron incorporadas a la causa del chivatazo en febrero después de que la juez antiterrorista francesa Laurence Levert las enviara en una comisión rogatoria con los papeles incautados el ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry.
Según las partes que ayer tuvieron acceso a esa información después de que Ruz levantara el martes buena parte del secreto sobre la causa, Moscoso, Gómez Benitez y Eguiguren coincidieron en que las actas de ETA no responden a la realidad, que los terroristas redactaron esos documentos para justificar ante los suyos que era el Ejecutivo el que rompía las negociaciones y que llegaron a poner en boca de los mediadores afirmaciones que no hicieron para mostrar su fortaleza en las conversaciones.
Reuniones tras la redada
Los interrogatorios de Ruz, siempre según estas fuentes, se centraron en dos reuniones, la del 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones de los supuestos recaudadores de la banda, y la del 27 de octubre del mismo año.
En el primer encuentro, según los papeles de ETA, los enviados del Ejecutivo se excusaron por no haber podido "parar" la redada ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska. Los tres testigos protegidos negaron que el Gobierno hubiera dicho en ese encuentro que trató de frenar la operación, aunque reconocieron que se habló de las detenciones de los cobradores de la extorsión y que pudieron intentar justificar las detenciones porque no cesaba la recaudación del chantaje.
La segunda reunión por la que fueron interrogados se produjo poco después de que el juez Baltasar Garzón judicializara la investigación por el chivatazo policial a ETA. Según las actas, uno de los enviados, supuestamente Gómez Benítez, afirmó: "en relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que os manifestamos en septiembre, os diré que por el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE".
Los enviados no confirmaron ante Ruz esas palabras y aseguraron que jamás alegaron que el chivatazo fue un gesto de buena voluntad hacia ETA.
Infiltrado en ETA
Eguiguren introdujo ayer un nuevo matiz sobre el aplazamiento de la famosa operación del bar Faisán. El presidente de los socialistas vascos, en una entrevista en la cadena Ser, insinuó que la redada no se pospuso por el soplo policial sino porque entre el grupo de extorsionadores había un infiltrado policial.
"La policía detiene cuando le conviene detener y no cuando localiza a los terroristas. Todos sabemos, parece ser, que ahí había gente infiltrada", explicó Eguiguren, quien aseguró que los propios terroristas creían que tenían un confidente policial en sus filas y que a ETA "le hubiera gustado que los hubieran detenido inmediatamente para saber quiénes eran y tirar de la cuerda".
"Contactos, no negociaciones"
Eguiguren, que dijo no representar al Gobierno en esos contactos, negó que hubiera negociaciones con ETA tras el atentado de la T-4 en diciembre de 2006.
"Con el atentado se les comunicó que acababa la historia, aunque todavía ni se había comenzado a negociar", afirmó, antes de aclarar que acudieron al encuentro posterior al atentado a petición de determinados presidente s europeos y del líder irlandés Gerry Adams, que "transmitieron que ETA tenía algo muy importante que decir", aunque luego no "hubo nada especial. Fuimos a escuchar y nos fuimos. Después de la T-4 aseguro que no se negoció".
El dirigente socialista negó tener capacidad para haber prometido a la banda que no habría detenciones. Unas órdenes que, en cualquier caso, todos los mandos policiales interrogados durante las últimas semanas negaron en sede judicial.
"No se aflojó la presión"
En el sumario figuran las declaraciones del que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; el director de la Ertzaintza, los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, aún destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario general Telesforo Rubio.
Todos negaron haber recibido presiones o instrucciones para aflojar en la lucha antiterrorista durante la pasada tregua. Es más, si acaso lo contrario, pues hubo que "extremar la alerta" porque la banda seguía robando armas y coches y continuaba recaudando el dinero del impuesto. El que con más vehemencia en los interrogatorios defendió que no hubo órdenes políticas fue Fernández-Chico.
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