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EMPRESA DE IÑAKI URDANGARÍN

Investigan un acuerdo de Nóos con el Tripartito

  • La empresa de Iñaki Urdangarín estableció un convenio por 30.000 euros entre 2004 y 2006

  • EUROPA PRESS. PALMA DE MALLORCA
Actualizada 01/12/2011 a las 01:02

Los investigadores analizarán, entre la numerosa documentación intervenida sobre el Instituto Nóos, un convenio por valor de 30.000 euros rubricado entre la Generalitat de Cataluña y el Instituto Nóos, presidido hasta 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según fuentes de la investigación.

El convenio fue firmado entre los años 2004 y 2006, cuando la Generalitat estaba en manos del tripartito formado por el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds, y será analizado en próximos días para averiguar si también en el marco de esta firma hubo algún tipo de irregularidad.

Las pesquisas de la Operación Babel ya se habían extendido a Cataluña, donde se investigan los diversos contratos que el Ayuntamiento de Mataró suscribió a través del Instituto Municipal de Promoción Económica con el Instituto que presidía el marido de la Infanta Cristina.

Hace unas semanas, los Mossos d"Esquadra registraron la sede del Instituto Nóos de Barcelona así como de varias mercantiles vinculadas con Urdangarin, donde requisaron diversa documentación relativa a estas pesquisas. Una ingente información que fue posteriormente trasladada a Palma, contenida en unos 15 archivadores A-Z, a fin de ser analizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares.

Vuelta a los interrogatorios

Una vez sea revisada la documentación está previsto que se reanuden los interrogatorios en torno a los hechos investigados y posteriormente el Ministerio Público analizará si solicita la imputación del duque de Palma.

Y es que, de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo hasta el momento, la Fiscalía apunta a que tanto el duque de Palma como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

Así consta en el auto que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Gobierno balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La resolución judicial asevera sin embargo el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

La Fiscalía apunta, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".



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