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JUZGADO POR EL SUPREMO

Garzón: "Las escuchas eran la única vía para evitar que siguieran delinquiendo"

  •  Al término del juicio, el magistrado, para el que las acusaciones han pedido penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación, afirmó que las "escuchas eran la única vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde prisión"

El juez Baltasar Garzón (i), junto a su abogado Francisco Baena Bocanegra (2i), durante el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por ordenar grabar las conversaciones en prisión entre los imputados del

Primera sesión del juicio contra Baltasar Garzón

AGENCIAS
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Actualizada 19/01/2012 a las 22:38
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  • EFE. MADRID
El juez Baltasar Garzón aseguró este jueves que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados, y defendió que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió.

Así lo recalcó el magistrado, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, en su turno de última palabra en el juicio en el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas a los cabecillas de la trama, que concluyó y quedó visto para sentencia a las 17:43 de la tarde de este jueves.

"Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad", afirmó Garzón, tras reiterar que eran la única vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde prisión.

El juez, que comenzó reconociendo que ésta puede ser la última vez que haga uso de su turno de última palabra ante un tribunal español en este caso, reivindicó el derecho a su inocencia y ha insistido en que todas las decisiones se adoptaron en el ejercicio jurisdiccional y estuvieron guiadas a proteger los derechos de las partes.

"Especialmente de las personas afectadas por la intervención de las comunicaciones", añadió para después recalcar que todas las medidas estaban destinadas a prevenir el derecho de defensa y que ni una sola de las diligencias que adoptó mientras instruyó la causa tuvo relación con el contenido de las grabaciones.

Garzón subrayó que en este caso se perseguía un delito de blanqueo de capitales, en el que se constató que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, continuaban dirigiendo las estructuras desde la cárcel, por lo que las escuchas eran "la única medida posible", como confirmaron los testimonios de los policías que ayer declararon en el juicio.

En este contexto, dijo que esas medidas se adoptaron de conformidad con las normas nacionales, constitucionales y de los convenios internacionales de los que España es parte, especialmente los referidos a la criminalidad trasnacional, y es en ese marco en el que todas las decisiones relativas a las escuchas tienen su "explicación y justificación".

Además, defendió que la Fiscalía participara en el expurgo de las conversaciones, ya que el juez no puede prescindir del Ministerio Fiscal y debe contar con su concurso, mucho más cuando las diligencias están secretas.

Frente a las tesis de las acusaciones, Baltasar Garzón negó que se esconda tras la excusa de que actuó movido por una razón de Estado.

"La única razón de Estado que entiendo y comprendo es la razón democrática de los ciudadanos. Aquí no ha habido razón de Estado. Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen", concluyó citando al político alemán Willy Brandt.

Garzón, que actualmente es miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, tendrá que enfrentarse de nuevo a partir de la próxima semana a otro juicio en el Supremo.

En esta ocasión el magistrado será juzgado por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
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