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El Gobierno sólo contempla traslados de presos de ETA

  • Según Interior, 5 artículos del Código Penal y uno de la ley penitenciaria vetan medidas de gracia en bloque a los terroristas

  • MELCHOR SÁIZ-PARDO . COLPISA. MADRID
Actualizada 05/10/2011 a las 01:01

"Sólo y exclusivamente acercamientos". El Gobierno únicamente contempla la posibilidad de "ciertos traslados" de presos de ETA a cárceles del País Vasco o Navarra como "respuesta colectiva" a un hipotético comunicado de ETA en el que anuncie su disolución. Ese sería el único gesto del Ejecutivo para con los reclusos terroristas que, a pesar de la desaparición de la banda, se nieguen, de forma individual y expresa, a pedir perdón a las víctimas o a hacer frente a la responsabilidad económica por sus atentados.

Cualquier otra opción "no individualizada", sino mediante una profunda reforma del Código Penal, sería "directamente ilegal", según los informes recabados por los responsables del Ejecutivo y del Ministerio del Interior.

Estas mismas fuentes explicaron que todos los estudios jurídicos ante un hipotético final de ETA son unánimes: las reformas que introdujo la Ley Orgánica 7/2003 en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria para el "cumplimiento íntegro y efectivo de las penas" no dejan ningún otro margen de actuación ni al actual gobierno ni al ejecutivo que salga de las urnas el 20 de noviembre ni al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, sea cual sea su voluntad o su intención. Los estudios en poder de Interior apuntan a que si el Parlamento no aprueba cambios legales, hasta en cinco artículos del Código Penal y uno de la Ley General Penitenciaria reformados hace ocho años convierten en "ilegal" cualquier "política colectiva" con los presos de ETA que no se arrepientan de manera "expresa" y que no hayan cumplido buena parte de su pena.

Periodo de seguridad

Según los juristas, las nuevas redacciones de los artículos 36 y 76 y, sobre todo, el 78 del Código Penal son los que vetan cualquier suerte de perdón más o menos generalizado. El artículo 78 estableció el llamado "periodo de seguridad" que fija que un interno condenado por delitos de terrorismo sólo podrá acceder al tercer grado, que permite una semilibertad, si le queda la "quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena". En la práctica, este artículo fija que los etarras con delitos de sangre no podrán ser progresados de grado si no han pasado entre rejas un mínimo de 24 años, conforme al anterior código, o 32 si fueron condenados por hechos cometidos después de 2003.

La situación es aún más complicada para acceder a la libertad condicional. Los juristas recuerdan que la ley prohíbe que puedan llegar a esta situación los etarras que no hayan pasado entre rejas siete octavas partes de su condena. Los terroristas con delitos de sangre no podrán obtener la libertad, aunque rompan con la banda, antes de 26 o 35 años de prisión efectiva, en función del Código Penal por el que fueron condenados.

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