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CRISIS ECONÓMICA

El Gobierno controlará a las entidades financiera, incluida Banca Cívica

  • Así lo ha anunciado el ministro de Economía, quien ha reconocido que el Ejecutivo está "preocupado" por los salarios de las entidades financieras que han percibido ayudas públicas

  • EFE.MADRID
Actualizada 25/01/2012 a las 11:49
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que el Gobierno está "preocupado" por los salarios de las entidades financieras que han percibido ayudas públicas, y ha anunciado que la próxima reforma financiera impondrá un "control" a todas ellas, incluida Banca Cívica.

En una entrevista en TVE, el ministro despejó una de incertidumbres que giran en torno a la reforma financiera que se aprobará en los próximos días, al señalar que el control de los salarios afectará a todas las entidades que, de una manera u otra, han recibido ayuda pública.

Este control, por tanto, afectará tanto a las que el Estado ha inyectado capital (Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia) como a las que recibieron en un primer momento un préstamo del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España.

A finales de diciembre, el Banco de España obligó a todas estas entidades a desvelar los salarios de sus directivos, a la cabeza de las cuales se encuentra el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, con un salario anual de 2,34 millones de euros, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, con 2,26 millones anuales.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales; el director general de Unnim, Jordi Mestre, 960.000 euros; el presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, 900.000 euros; el de Novagalicia, Jose María Castellano, 890.000 millones, al igual que el de BMN, Carlos Egea, en tanto que los de Caja España no quisieron hacer pública sus remuneraciones.

En las últimas semanas, las entidades que recibieron los préstamos del FROB han argumentado que su situación es diferente a las que han recibido una inyección de capital, dado que no han sido intervenidas y además están pagando puntualmente los intereses que generan sus ayudas, que es superior al 7 por ciento.

Sin embargo, el ministro aseguró hoy, al respecto, que habrá límites en los dos grupos, aunque los diferenció en su explicación.

Con respecto a los primeras entidades, las que "están intervenidas y bajo el control del Banco de España", apuntó que los sueldos "tienen que estar controlados, y acordes con una remuneración adecuada".

Con respecto al segundo grupo de entidades, que han tenido ayudas financieras en forma de prestamos, "ahí el Gobierno también va a establecer directrices", dijo el ministro, sin más detalles.

De momento, el Gobierno está a la espera de recibir un informe del Banco de España que contendrá los elementos de juicio esenciales para decidir cómo adecuar "estas remuneraciones al entorno en el que nos estamos moviendo".

En términos generales, De Guindos apuntó que la reforma financiera tendrá por objeto facilitar una reestructuración del sector, de manera que las entidades que surjan de ella "serán entidades con un mejor gobierno corporativo, con una mayor transparencia y más saneadas".

Insistió de nuevo en que la reforma generará una nueva oleada de fusiones, aunque no quiso pronunciarse sobre las "parejas" que pueden formarse, ni siquiera cuando en la entrevista se le insistió en la posibilidad de una fusión entre La Caixa y Bankia, la entidad a la que los expertos atribuyen una mayor necesidad de sanear su exposición al 'ladrillo'.

En este sentido, el ministro consideró fundamental que las entidades españolas saneen su balance, y en concreto que otorguen un "valor real" a sus activos inmobiliarios, y especialmente a las viviendas.

"Si tomamos medidas para que los pisos se ajusten a su valor real, entonces el precio de la vivienda se abaratara y las familias tendrán un mayor acceso a ellas", apuntó.

Negó de nuevo la posibilidad de que en España se cree un 'banco malo' público que aglutine los activos inmobiliarios más tóxicos de la banca.

"El 'banco malo' supone una ayuda de los contribuyentes a las entidades financieras, y eso no está en la agenda del Gobierno", señaló.
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