UGT y CC OO convocan una huelga general que ven como "inevitable"

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo 29 de marzo, decisión que ha lamentado el Gobierno central, que les ha pedido "reflexión", porque es un "error convocarla en estos momentos".

La del 29 de marzo es la octava huelga general que se convoca en España durante la etapa democrática.

De las siete anteriores, cinco se saldaron con paros de 24 horas (en 1985, 1988, 1994, 2002 y 2010), una de tan solo media jornada laboral (en 1992) y otra de una hora (1978).

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han explicado que la huelga es inevitable y que la ha provocado el Gobierno con su negativa a negociar con ellos la reforma.

Sobre la fecha elegida han explicado que ese día en el Parlamento se estarán negociando las enmiendas de los diferentes grupos al texto de la norma.

Ese día, las centrales sindicales nacionalistas del País Vasco, Navarra y Galicia ya han convocado huelga general porque consideran que es su obligación defender a los trabajadores y a los desempleados de la "clara agresión" que supone la reforma.

Los sindicatos vascos y navarros (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU) y la Confederación Intersindical Galega (CIG) habían criticado a CCOO y UGT por no sumarse en ese momento a la convocatoria.

Sin embargo, CCOO y UGT apostaron por agotar primero los cauces de diálogo posibles antes de convocar la huelga general.

VALORACIÓN

Para Méndez los "errores" del Gobierno han convertido la protesta en "justa y necesaria", mientras que para Toxo la reforma no se compadece con las necesidades de la economía ni de la sociedad.

Ambos líderes sindicales han advertido de que el día 29 de marzo no acaba el conflicto con el Gobierno y que su triunfo lo vinculan a conseguir una rectificación de la norma.

Por ello, han avisado al Ejecutivo de que tiene hasta ese día para modificarla porque su objetivo no es "sacar a la gente a la calle".

Toxo ha opinado que la reforma es rechazable por las formas, ya que no ha habido "ni el más mínimo intento" de negociación por parte del Ejecutivo, y también por el contexto, ya que ahora son más prioritarias la fiscal o la del sistema financiero.

De su contenido ha resaltado que supone una "brutal" regresión en materia de contratación, facilita el despido "libre y gratuito" y elimina los controles administrativos.

Méndez ha añadido tiene el despido "como fin, principio y eje", además de que hay una preponderancia sin precedentes de las decisiones unilaterales de los empresarios.

Esto supone que el Gobierno se "desentiende" del problema del paro, ha asegurado Méndez, quien considera que la reforma es una "ofrenda" a las exigencias de los mercados.

REACCIONES

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha pedido a CCOO y UGT que reflexionen por la inoportunidad de convocarla en un momento de "graves dificultades para todos".

Según la vicepresidenta una protesta así nunca va a aportar soluciones y ha desmentido que el Gobierno no la haya negociado con ellos.

El Ejecutivo valenciano considera que es un "error", algo en lo que también coincide el presidente de Cataluña, Artur Mas; mientras que para el de Canarias no solamente es "legítima y respetable", sino que además es "lógica" por la reducción de derechos que traerá a los trabajadores.

Para el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, una huelga "nunca es deseable", pero ha dejado claro que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene "la pelota en su tejado" para desconvocarla.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha respaldado la iniciativa de CCOO y UGT porque la huelga es la respuesta de los trabajadores y sindicatos a la política "inútil, injusta e ineficaz" del Gobierno.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, resalta lo "insólito" que es que se convoque una huelga cuando el Gobierno sólo lleva dos meses y medio en el poder; mientras que para la de Valencia, Rita Barberá, no es lo que más necesita el país, algo que ha compartido el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) no respalda "por el momento" a CCOO y UGT, pero dice que está a la espera de que el Gobierno modifique la posibilidad de realizar ERE en las empresas públicas.