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TRIBUNALES

Doce empresarios esquivan el 'caso ERE' al prescribir los delitos

  • La juez sobresee las diligencias porque fueron implicados una década después de recibir ayudas irregulares

Manuel Chaves, llegando al Tribunal Supremo este martes.

Manuel Chaves, llegando al Tribunal Supremo este martes.

EFE
15/03/2016 a las 06:00
  • colpisa. madrid
La dilatada instrucción del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha provocado que parte de la causa empiece a desinflarse por prescripción de los delitos, tal y como alertaron en varias ocasiones desde la Fiscalía a la Audiencia Provincial. Los primeros que verán cómo sus conductas quedan impunes serán doce empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que se beneficiaron de ayudas en algunos casos sin pedirlas siquiera y cuyas diligencias quedarán sobreseídas al haber transcurrido más de una década desde que recibieron los fondos públicos, en ningún caso más de 450.000 euros.

La juez instructora María Nuñez Bolaños prepara ya el auto de sobreseimiento sobre estos doce empresarios, según explicaron el pasado lunes fuentes judiciales. La decisión, que supone de facto una enmienda a la instrucción desarrollada por su antecesora Mercedes Alaya, responde a la petición que la Fiscalía Anticorrupción formuló en marzo de 2015. Fue en esas fechas cuando se conoció que los doce empresarios quedaban imputados (o investigados según la nueva terminología) por ayudas irregulares recibidas hace más de 10 años, según se desprendía del atestado que la Guardia Civil acababa de remitir al juzgado.

En dicho documento, los agentes apuntaban que las ayudas se concedieron en muchas ocasiones sin contar con "documentación justificativa de proyecto alguno para el destino de la ayuda" o sin estar siquiera al corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias. En la concesión de esas ayudas la Guardia Civil atribuyó un papel relevante al exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, investigado por prevaricación administrativa y malversación y que está citado a declarar en una pieza separada el miércoles junto a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

En aquel momento, Alaya pidió a las partes que se pronunciaran sobre la posible prescripción de los delitos, pero nunca dictó auto resolviendo la petición de la Fiscalía, por lo que el asunto quedó en suspenso mientras la magistrada, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, se enfrascaba en otras líneas de la investigación, como los intrusos aparecidos en los expedientes de regulación de empleo, las sobrecomisiones cobradas por las empresas mediadoras y los sindicatos que tramitaban los expedientes y, sobre todo, la parte más política de la trama: la implantación en el seno de la Junta de Andalucía de un sistema que estimó "inadecuado" para pagar este tipo de ayudas. La parte de la trama que apuntaba al Consejo de Gobierno. En la actualidad, la causa que investiga el destino de 855 millones concedidos bajo ese procedimiento acumula 270 investigados.

CRÍTICAS

Ahora, sin embargo, la propia Audiencia de Sevilla, y justamente a través de la sección de la que forma parte Alaya, ha sido la que ha desatascado el asunto al dar la razón a dos de los doce empresarios, que presentaron un recurso contra su imputación. En un auto dictado la pasada semana, la sala les levantaba la imputación al entender que los beneficiarios de ayudas inferiores a los 450.000 euros que recibieron la notificación de su imputación más de diez años después de la fecha del último cobro verían prescritas sus conductas. A partir de esa cantidad, se entiende que la subvención es de especial gravedad a efectos de aplicar el subtipo agravado en el delito de malversación, que amplía el plazo de prescripción de 10 a 15 años.

En el auto que elabora la juez Bolaños, fuentes judiciales explican que no obstante la magistrada deja la puerta abierta a que todos ellos tengan que devolver el dinero cobrado y asuman su responsabilidad civil.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tardó en señalar que este archivo "no es una buena noticia", recordando que el Ejecutivo andaluz no solo advirtió hasta en 13 escritos de los riesgos de una posible prescripción, sino que cargó contra la dilatada instrucción. "Para que sea justa la justicia debe ser rápida siempre", insistió el pasado lunes desde Almería. Por su parte, el PP, a través del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánz, consideró que la prescripción es atribuible a la actitud "perjudicial" de la Junta con la instrucción, al "no haber existido desde luego la voluntad necesaria para evitar esta dirección" con el envío de la documentación.
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