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Pactos de Gobierno

Rajoy se niega a someterse al control del Congreso estando en funciones

  • Los grupos recuerdan al PP que no tiene mayoría absoluta y el Gobierno equipara la solicitud con pedir que comparezca un expresidente

Mariano Rajoy, a su llegada a Bruselas.
Mariano Rajoy, a su llegada a Bruselas.
AFP
  • colpisa. madrid
Actualizada 11/03/2016 a las 06:00
El Gobierno ya ha fijado su criterio hasta que se resuelva la investidura del próximo presidente. Pese a las reclamaciones de los grupos parlamentarios, ni Mariano Rajoy ni sus ministros están dispuestos a someterse al control del Congreso mientras estén en funciones. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes intervino este jueves en la Cámara baja para anunciar la decisión. "En atención a la Constitución y las leyes, ni podemos ni debemos", arguyó José Luis Ayllón. A su juicio, pedir ahora la comparecencia de Rajoy en pleno es tanto como demandar la de un expresidente como Felipe González.

Todas las solicitudes de control que planteen las fuerzas políticas recibirán del Ejecutivo la misma respuesta. El Gobierno ha enviado ya el primer escrito al Parlamento para rechazar que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, asista a la comisión fijada para el 17 de marzo con el objetivo de informar sobre el desarrollo de las operaciones en el exterior y la nueva misión de la OTAN en el Mar Egeo contra las mafias de la inmigración.

"Sólo un Gobierno que tiene la confianza de la Cámara responde solidariamente ante la misma", rezan los argumentos jurídicos que se manejan en la Moncloa y que apelan al Título V de la Carta Magna. Esos fundamentos servirán también para que el presidente se abstenga de dar cuenta de asuntos como el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para la acogida de refugiados. El Ejecutivo recuerda que está previsto que la próxima semana comparezca el secretario de Estado para la UE. Pero Ayllón sostiene que una intervención de Rajoy daría lugar a un debate que, lejos de ser "informativo", se convertiría de facto en una sesión con afán de exigir responsabilidades políticas al Gobierno.

En la Moncloa pretenden frenar así los intentos del resto de partidos, con mayoría ahora en el Congreso, de llegar a convocar incluso un pleno de control al Ejecutivo que podría estar celebrándose en esta precampaña electoral no reconocida. En la última Junta de Portavoces, todos los grupos, salvo el PP, coincidieron en la voluntad de fijar esa sesión después de Semana Santa. El representante de Podemos, Iñigo Errejón, se mostró convencido de que será posible fiscalizar la labor gubernativa, una vez que la Mesa de la Cámara discuta esa posibilidad. Por ahora, el órgano de gobierno del Congreso cuenta con el informe que su Secretaría General elaboró al inicio de la legislatura sobre la actividad del Parlamento cuando el Gobierno ha cesado y se encuentra en funciones. En la página nueve del texto se recoge que no se podrá ejercer un control "de carácter ordinario y general".

Aún así, permite que la Mesa pueda admitir, "excepcionalmente y de forma singularizada en cada caso", iniciativas como "preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informes" sobre las tareas que el Ejecutivo tiene atribuidas en este periodo transitorio. Esas tareas son, según justifican desde la Moncloa, "competencias de despacho ordinario que no tienen interés alguno para el control político, al tratarse de actos que se realizan sin directriz u orientación política alguna". De excederse el Gobierno en sus funciones, Ayllón insiste en que es el poder judicial, vía contencioso administrativa, el que debe resolver el conflicto. Nunca el Congreso.

Sin mayoría absoluta Los grupos parlamentarios, sin embargo, replicaron hoy al PP que ya no cuenta con mayoría absoluta y que, por lo tanto, tendrá que acudir a la Cámara. "El Gobierno no puede pretender tener menos control estando en funciones que cuando estaba a pleno rendimiento", protestó el portavoz socialista Antonio Hernando. Una postura que respaldó Ciudadanos. El secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez, censuró que el Ejecutivo se imponga "sin debatir y consensuar" con el resto de partidos. En la Moncloa se advierte de que se podría caer en un "fraude de constitución" cuando es un nuevo Congreso el que "intenta controlar, a través de un Gobierno cesado, a una mayoría que obtuvo su mandato en unas elecciones anteriores". Pero en caso de discrepancias, tendrán que ser los tribunales, como apuntó ayer Ayllón, los que resuelvan el primer enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento en esta legislatura inédita.

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