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Ana Mato y 60 exdiputados más reciben de las Cortes casi 3.000€ al mes al quedarse en paro

  • La exministra de Sanidad e imputada como "partícipe a título lucrativo" en el 'caso Gürtel' está en el paro y no encuentra trabajo

'La crisis del ébola' vuelve a poner a Ana Mato en el punto de mira

La exministra de Sanidad Ana Mato.

Efe
11/03/2016 a las 06:00
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  • colpisa. madrid
Hasta 64 exdiputados y exsenadores solicitaron a sus respectivas cámaras una ayuda económica al quedarse sin trabajo con la disolución de las Cortes por las elecciones del pasado 20 de diciembre. Entre los beneficiarios hay tres ex ministros, aunque solo la popular Ana Mato percibe ahora "la indemnización" de 2.813,87 euros mensuales y tiene derecho a recibirla hasta agosto de 2017. En total, 53.400 euros si agota el plazo.

La exministra de Sanidad e imputada como "partícipe a título lucrativo" en el 'caso Gürtel' está en el paro y no encuentra trabajo, pero tiene la espalda cubierta. Ana Mato percibe desde el 12 de febrero 2.813,87 euros al mes, el sueldo sin ningún complemento de los diputados y senadores. No es una prestación por desempleo porque el trabajo como parlamentario no genera una relación laboral y, por tanto, no da derecho a cobrar el subsidio de paro. Ingresan ese dinero porque las normas del Congreso y del Senado establecen que las señorías que no puedan acceder al mercado laboral tienen derecho a una indemnización de una mensualidad por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, con un límite de 24 meses.

Los trabajadores sujetos al régimen general de la Seguridad Social pueden percibir una prestación máxima cercana a los 1.400 euros mensuales sin tienen dos hijos o más a su cargo o de 1.087 si no tienen hijos durante un periodo máximo de dos años. Los otros dos exministros que solicitaron la ayuda económica son los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez, pero ambos renunciaron después de haberla cobrado poco más de un mes. El extitular de Trabajo se colocó como secretario municipal en el Ayuntamiento de Avila, puesto que obtuvo por oposición a principios de los ochenta, pero le dedicó muy poco tiempo porque fue elegido diputado en 1982. La exjefa de la diplomacia fue fichada por Telefónica.

Los que tienen derecho a una indemnización más duradera son el popular Ignacio Gil Lázaro, que podrá cobrarla durante dos años debido a su prolongada permanencia en el Congreso desde 1982. La socialista catalana Isabel López Chamosa tiene derecho a 20 meses; y Ana Mato, a 19, igual que el exdiputado y exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarubia. 1,3 millones de euros Otros casos llamativos son el del secretario general del Partido Comunista y exdiputado de IU, José Luis Centella, con un año de indemnización concedida, lo que hace suponer que no percibe ni un euro de su organización política; el de la exsenadora del PP y medallista olímpica Miriam Blasco, con derecho a 15 meses de ayuda y que tiene un gimnasio en Alicante; o el de José Enrique Serrano, exdiputado socialista y exjefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, e integrante del equipo de Pedro Sánchez que negoció el pacto de investidura con Ciudadanos y es un hombre de la máxima confianza del líder del PSOE.

También aparece en la relación de beneficiarios el socialista Eduardo Madina, número siete de la lista del PSOE por Madrid que no consiguió el escaño en las últimas elecciones y con derecho a cobrar la ayuda durante un año.

Otro que percibió los 2.813 euros, aunque solo un mes fue el popular Vicente Martínez-Pujalte, acusado de asesorar a empresas mientras era diputado y no haber incluido esa tarea en su declaración de actividades. Incluso dos diputados de la izquierda abertzale se benefician de la situación, Jon Iñarritu y Rafael Larreina, exparlamentarios de Amaiur, podrá cobrar la indemnización del Congreso durante cuatro meses.

Todos los beneficiarios no pueden percibir ningún ingreso de la administración o del sector privado mientras cobran la ayuda económica de las Cortes. Si encuentran trabajo tienen la obligación de comunicarlos a su cámara legislativa respectiva para renunciar a la indemnización. El Congreso tiene para este año una partida de 1,3 millones de euros destinada a cubrir estos pagos.
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