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Caso Nóos

La infanta, la Fiscalía y Hacienda redoblan su presión al tribunal de Nóos

  • Abruman con documentación a las magistradas que antes del 9 de febrero decidirán si la hermana del Rey sigue en el banquillo

La infanta Cristina se mostró hierática durante toda la vista
La infanta Cristina, en el banquillo de los acusados.
efe
  • colpisa. madrid
Actualizada 13/01/2016 a las 06:00
Todos los actores del Estado en el juicio de Nóos prolongaron su ofensiva aliados con el equipo legal de la hermana de Felipe VI. A la Fiscalía, a la Agencia Tributaria, a la Abogacía del Estado y a la defensa de Cristina de Borbón no les bastaron las 13 horas de sesión de cuestiones previas del lunes en el juzgado. Los abogados de la infanta, Anticorrupción y Hacienda han abrumado en las últimas horas al tribunal con documentación, informes y peritajes exculpatorios de la imputada para redoblar la presión a las tres magistradas que deberán decidir si la infanta debe seguir en el banquillo de los acusados antes de que el próximo 9 de febrero se reanude el juicio.

Una nueva campaña, pero con un viejo objetivo, quitar legitimidad a Manos Limpias como acusación e intentar probar que la exduquesa no llegó a cometer delito. En la Audiencia Provincial de Palma se han registrado cuatro informes, y todos podrían llevar la firma del equipo jurídico de defensa de Cristina de Borbón, aunque dos de ellos son de la parte acusadora, los de Anticorrupción y Abogacía del Estado en representación de Hacienda. El documento más llamativo, que busca dar el último empujón exculpatorio a la hermana del Rey es un peritaje muy técnico de 70 páginas encargado por los abogados de la imputada a Argentum Finanzas Corporativas.

Se trata, según fuentes judiciales, de una suerte de confesión para ahorrarse el banquillo. Los peritos de la infanta reconocen que su cliente se lucró de los dos fraudes fiscales de su marido (182.005 euros en 2007 y 155.138 en 2008) cometidos a través de la sociedad matrimonial, Aizoon, pero que aquello no fue delito. El informe asegura que "el importe del beneficio derivado de una presunta participación a título lucrativo que puede ser atribuido, como persona física, a Cristina de Borbón y Grecia puede estimarse objetivamente en un importe de 347.712,65 euros". Se trata de una cantidad sensiblemente menor de los 586.000 euros que Anticorrupción le exige como beneficiaria de los delitos, pero es la primera vez que la infanta admite alguna responsabilidad.

El informe se niega a valorar la naturaleza de los gastos que hizo la infanta (viajes, hoteles, restaurantes, y fiestas familiares abonados a cuenta de Aizoon) y niega que tenga más responsabilidad. Un argumento lo que le excluiría del delito porque la sociedad familiar entre 2003 y 2013 jamás "repartió dividendo alguno" entre los dos socios y "en consecuencia, no procede atribuir a Cristina de Borbón beneficio personal en concepto de dividendos".

La jefa En una línea casi idéntica al documento de los peritos de la infanta está el as que los servicios del Estado se han sacado de la manga a última hora para exculpar a la imputada, un informe de ocho páginas encargado por Anticorrupción a la Agencia Tributaria, que firma nada menos que Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda y que está fechado el pasado 22 de diciembre.

Según todas las fuentes consultadas, es "inaudito" que Gómez Mourelo sea movilizada para analizar unas irregularidades fiscales como la de la infanta, que apenas superan los 300.000 euros. Este alto cargo de la Agencia Tributaria solo se ocupa de informes de muchísimo más calado. Sea como fuere, en ese documento entregado al tribunal Hacienda insiste en que Cristina de Borbón no tiene responsabilidades penales exigibles aunque fuera copropietaria de Aizoon. En síntesis, más de lo mismo: que la exduquesa, como socia de esa sociedad y no administradora única, no puede ser responsable de ningún ilícito.

La ofensiva documental de los defensores, y que tendrán que estudiar las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá, se completa con otro informe de la Abogacía del Estado y uno más de los propios abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva. Ambos, sobre la falta de competencia de Manos Limpias para acusar en solitario a la infanta.

En síntesis, una nueva defensa de la aplicación de la doctrina Botín, según la cual no se puede acusar a nadie de un delito fiscal si las dos posibles víctimas de ese ilícito, la Fiscalía o la Agencia Tributaria, no se sienten perjudicadas. En 18 páginas, la abogado del Estado jefe en Baleares, Dolores Ripoll, la misma que el lunes provocó la polémica al asegurar que "Hacienda somos todos es solo un lema publicitario", insiste en atacar a Manos Limpias, a la que acusa "de no estar sujeta al principio de legalidad e imparcialidad", a diferencia de la Agencia Tributaria que, en su opinión, sí es objetiva en este asunto.

Por su parte, los letrados de la infanta aportan 36 páginas de cuestiones previas en las que repiten, por enésima vez, las "innumerables razones" para sacar a su cliente del banquillo si se sigue la jurisprudencia del Constitucional, el Supremo y diferentes audiencias provinciales.
La avalancha de los nuevos documentos exculpatorios de Cristina de Borbón, en principio, no cambia el calendario del tribunal, que va a intentar resolver el futuro judicial de la infanta este mismo mes, según fuentes judiciales.
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