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CATALUÑA

La Fiscalía trata de desmontar la defensa de la Generalitat en la causa del 9-N

  • Investiga si la administración autonómica controló la preparación del sucedáneo de consulta y si utilizó ficheros públicos con datos personales

Artur Mas declarará como imputado el 15 de octubre.
Artur Mas declarará como imputado el 15 de octubre.
REUTERS
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 15/12/2015 a las 06:00
La Fiscalía solicitó este lunes la práctica de nuevas diligencias de investigación en la causa abierta contra el presidente catalán, Artur Mas, la exvicepesidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por la celebración del sucedáneo de consulta independentista del pasado 9 de noviembre. Los tres están imputados por cuatro delitos, entre ellos el de desobediencia al Constitucional.

Según la versión que Mas, Ortega y Rigau dieron en su comparecencia como imputados el pasado 15 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Gobierno catalán apostó por apartarse y dejó la ejecución de la consulta en manos de un ejército de 40.000 voluntarios. La Fiscalía considera, en cambio, que la administración catalana no se inhibió en ningún momento y que pese al veto del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo autonómico continuó con los preparativos.

Para reforzar esta tesis y tratar de desmontar la defensa de Mas, Ortega y Rigau, el Ministerio Público lleva meses analizando documentación enviada por el Gobierno catalán sobre la organización de la consulta. Ahora ha solicitado nuevas diligencias para investigar "hasta qué punto la administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional", según el escrito hecho público este lunes.

Y quiere saber además si en la votación se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos. En concreto, la Fiscalía reclama al Tribunal Superior de Cataluña que investigue si un organismo público, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), proporcionó las plataformas informáticas que "constituyeron uno de los elementos esenciales para que la votación pudiera tener lugar". El Ministerio Público sospecha que el CTTI encargó "instrumentos informáticos específicamente destinados" a ser utilizados en el 9-N.


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