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ELECCIONES GENERALES 2015

Las trabas burocráticas reducen más de un 80% el voto desde el extranjero

  • Nadie espera que voten en las generales más allá del 3% o el 5% de los emigrantes españoles censados

Casi 1,9 millones de españoles residentes en el extranjero tienen derecho a participar en las elecciones generales.
Casi 1,9 millones de españoles residentes en el extranjero tienen derecho a participar en las elecciones generales.
ARCHIVO/MONTXO A.G.
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 30/11/2015 a las 06:00
Casi 1,9 millones de españoles residentes en el extranjero tienen derecho a participar en las elecciones generales del 20 de diciembre, 396.000 más que en 2011, pero pese a su peso significativo sobre el censo ningún experto considera que sus sufragios serán determinantes para decidir quién ganará los comicios ni para condicionar el nuevo mapa político que saldrá de las urnas.

La razón es que, a la vista de su comportamiento en las citas electorales de los últimos cuatro años, nadie espera que voten en las generales más allá del 3% o el 5% de los emigrantes españoles censados, lo que supondría un volumen total de papeletas de entre 56.258 y 93.763, según sea el volumen final que alcance la participación. De hecho, solo el 6% de los censados han pedido votar a la Oficina del Censo Electoral. Una aportación residual en una competencia electoral en la que entran en juego millones de sufragios.

El voto de los españoles residentes en el exterior, que en 2008 aportó unas 380.000 papeletas, con una participación de casi el 32% de los emigrantes, y cuyo recuento incluso llegó a variar algunas asignaciones de escaños, se ha desplomado en el último lustro por el aumento de las trabas burocráticas para ejercerlo a raíz de la reforma electoral impulsada en 2010 por PP y PSOE, y apoyada por CiU y PNV, que implantó la obligación del "voto rogado" para los emigrantes. El cambio de la ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, obliga a que el español residente de forma permanente o temporal en el extranjero que quiera votar tenga que solicitarlo explícita y oficialmente en un plazo tasado. Debe hacerlo para cada uno de los comicios en los que quiera ejercer su derecho. Este trámite, sumado a las obligaciones previas de estar registrado, de la escasa publicidad oficial de los plazos de reclamaciones o de los problemas para la solicitud y envío de papeletas, ha hecho que muchos no hayan conseguido ejercer en las últimas convocatorias electorales su derecho al voto y que muchos otros más se hayan desentendido de un sistema que ya era complejo y que no incentivaba la participación, pero que ahora es un laberíntico.

Los datos son demoledores. Si en 2008 votó el 31,8% de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones generales, en 2011, en unos comicios idénticos, pero ya con el voto rogado en vigor, lo hicieron 73.396, el 4,95% del censo, lo que supuso una caída de la participación del 80%. Pero es que lejos de mejorar la participación ha ido a peor. En las europeas de 2014 solo enviaron papeletas válidas el 1,98% de los censados en el extranjero y en los últimos comicios nacionales celebrados, las autonómicas de mayo pasado, su participación no llegó al 3% (2,97%). En estas dos últimas citas electorales, por tanto, la participación, con respecto a 2008, cayó un 94% y un 91%, respectivamente. La situación se ha convertido en tan escandalosa que ha surgido entre los españoles en el exterior un movimiento, la Marea Granate, que demanda a la administración una simplificación inmediata de los trámites para votar y la eliminación del voto rogado. Esta iniciativa ha logrado que se hayan popularizado en las redes sociales 'hashtag' como #sinvoznivoto o #votorogadovotorobado.

DESINTERÉS 

Aunque partidos como Podemos, IU o el PSOE incluyen en sus programas electorales acabar con el voto rogado y facilitar los trámites del voto exterior para la próxima legislatura, lo cierto es que el problema ha sido evidente en los últimos años y ni la mayoría absoluta del PP ni tampoco el PSOE encontraron el momento de rectificar lo que es un mal sistema, según reconocen todas las fuerzas políticas.

Y no ha sido por falta de oportunidades. Desde 2012 está admitida a trámite por el Congreso y remitida a la Comisión Constitucional una proposición de ley del Parlamento de Galicia que tiene como principal objetivo acabar con el voto rogado. Sin embargo, la reforma legal se pasó tres años bloqueada en la comisión, con unas 60 prórrogas sucesivas del plazo para la presentación de enmiendas al articulado firmadas por PP y PSOE, y sin llegar a recibir nunca el impulso para su aprobación. El Gobierno y el PP, gracias a su mayoría absoluta, lograron aprobar más de 50 leyes por procedimientos de urgencia entre la primavera y el verano pasados, algunas incluso llegadas al Congreso en julio o en septiembre. Sin embargo, la proposición del Parlamento de Galicia para devolver a la normalidad el voto de los emigrantes es una de las pocas que fueron abandonadas y que han decaído con el final de la legislatura y la disolución en octubre de la Cámara baja.


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