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Estado Islámico

El CNI trata de abortar las futuras células yihadistas en los tribunales

Los servicios secretos han ganado todos los procesos a los integristas ante el Supremo, pero a costa de hacer pública información sensible

Ampliar Defensa alerta de la
Defensa alerta de la "radicalización exprés" de yihadistas en España
  • colpisa. madrid
Actualizado el 23/11/2015 a las 06:00
La lucha contra el islamismo radical y contra el germen del yihadismo en España también se libra en los tribunales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está en primera línea. Los servicios secretos han cosechado durante este año importantes victorias procesales claves para evitar que en el país se asienten influyentes personajes salafistas, a los que se acusaba de ser potencialmente peligrosos para la seguridad nacional e incluso de ser precursores de posibles grupos de corte violento.

Sin embargo, la sensación en ‘La Casa’ es agridulce. Conseguir que esos radicales integristas no logren la nacionalidad española, que sean expulsados o que se les deniegue el asilo ha supuesto en muchos casos revelar ante el Tribunal Supremo, y por tanto a la opinión pública y a los propios sospechosos, investigaciones confidenciales sobre las redes integristas que operan en España.

El CNI, o la Abogacía del Estado, representante legal de los servicios secretos, ha ganado este año todos los pleitos contra integristas en los que ha tomado parte. Singularmente cuenta como victorias los cuatro procesos ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, contra los que no cabe recurso. Cuatro victorias judiciales en marzo, mayo, septiembre y octubre que, explican fuentes cercanas a los servicios de seguridad, han servido, al menos, para descabezar o debilitar varias comunidades radicales en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

Cien por cien de efectividad, cuando en los últimos años apenas llegaba al 50%. ¿Qué ha cambiado entonces? El CNI "ha tenido que pasar por el aro" de la doctrina del Supremo, explican en medios jurídicos y de la Abogacía del Estado. Esto es, el alto tribunal está dispuesto a privar a ciudadanos sospechosos de actividades salafistas, ni siquiera ya yihadistas, de derechos básicos como el de acceder a la nacionalidad española o conseguir la residencia o el asilo aun cumpliendo todos los requisitos legales. El Supremo, incluso, no ve problema en cercenar esos derechos sin que medie siquiera una sentencia judicial. Pero, eso sí, quiere pruebas convincentes de las sospechas. A los jueces, en síntesis, no les sirven los informes estereotipados, generalistas y muy breves que solía enviar el CNI para reclamar las expulsiones de estos sospechosos.

Así las cosas, las victorias en los tribunales, lamentan en los servicios secretos, han "costado caras", al menos en lo referido a la información quemada. La senda para este "amargo éxito judicial" se abrió en marzo. El Supremo confirmó la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de expulsar de España a un marroquí, acusado de ser espía de "un servicio extranjero" y de ser un agitador salafista en Cataluña. Para que el alto tribunal diera la razón al Ministerio del Interior, el CNI se vio obligado a hacer públicas sus investigaciones en las que se desvelaba que este magrebí tenía "una red de colaboradores y confidentes y distribuidos por las cuatro provincias catalanas" y que aparecía como el principal impulsor de la "construcción en Cataluña de un centro de referencia salafista a nivel europeo".

TABLIGH AL DAWA

En mayo, de nuevo los servicios secretos y sus investigaciones consiguieron que el Supremo diera la razón a la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la nacionalidad española a un líder de una comunidad islámica de Murcia. El alto tribunal amparó al CNI cuando ‘La Casa’ reveló que sus indagaciones vinculaban al individuo con el movimiento Tabligh al Dawa, uno de los más extremistas en el islam. Ese dato, señalan fuentes de la seguridad del Estado, echó por tierra parte de las investigaciones abiertas sobre extremistas en el sureste de la península.

La Abogacía del Estado, con los informes de los servicios secretos españoles, también ganó el pasado septiembre la lucha judicial para impedir que un marroquí residente en Cartagena obtuviera la ciudadanía. El Supremo aceptó privarle de ese derecho, a pesar de que el extranjero vivía legalmente en España desde 1995 y tenía arraigo, al dar por bueno el extenso informe del CNI que descubría que este imán, además de dirigir una comunidad legal en Murcia, estaba "vinculado" a la secta Justicia y Caridad, una organización que pretende introducir la ‘sharia’ en Marruecos.

La última victoria de los servicios secretos, la de octubre, fue conseguir que el Contencioso confirmara la expulsión y la prohibición de entrar a España por diez años de un marroquí residente en Cataluña que se dedicaba a la "expansión de tesis radicales" de corte salafista, bajo la tapadera de presentarse como habitual mediador entre las comunidades musulmanas residentes en esa comunidad autónoma.
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