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NACIONAL

La mayoría política vasca descarta el riesgo de contagio con la deriva catalana

  • El PNV ha dado un no rotundo a las presiones de Bildu para usar sus dos tercios en la cámara de Vitoria para activar la vía rupturista

El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la rueda de prensa tras el último comunicado de ETA
El lehendakari Iñigo Urkullu
EFE
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 15/11/2015 a las 06:00
El choque de trenes entre las instituciones autonómicas catalanas y el Estado, que cada día se intuye más próximo, no tiene un peligro de réplica en Euskadi, situación que de producirse podría complicar de forma muy importante la ya gravísima crisis territorial y constitucional que vive España por el desafío secesionista.

El PNV, al frente del Gobierno vasco y con una razonable estabilidad parlamentaria gracias a los acuerdos presupuestarios con el Partido Socialista de Euskadi (PSE), ha dado un no rotundo y definitivo a las pretensiones rupturistas de la izquierda abertzale, la última vez este mismo viernes, y ha establecido un cortafuegos que impedirá que el País Vasco se sume a una estrategia de desafío unilateral al Estado. En esa negativa coincide con PSE, PP y UPyD, junto a los que suma 54 miembros del Parlamento vasco, más del 70% de la cámara.

EH Bildu, sin embargo, insiste día tras día en que el camino de la secesión unilateral iniciado por la Generalitat y la mayoría parlamentaria catalana es también la única oportunidad de que Euskadi logre su reconocimiento como nación, con un estado propio, ante un Ejecutivo del PP y unos partidos de gobierno nacionales que está convencido de que nunca permirán un referendo de autodeterminación por las vías estrictamente legales.

Los herederos políticos de Batasuna, pese a todo, presionan sin ningún éxito al PNV para sumar los escaños de ambos en la cámara de Vitoria, 48 sobre 75, e impulsar una declaración similar a la aprobada el lunes por el Parlamento catalán, que declare la soberanía de las instituciones vascas, abra el camino a la desconexión con la Constitución y emprenda una estrategia de insumisión y desobediencia a las leyes y sentencias estatales. Defienden que cuentan con tanta o más legitimidad política para hacerlo que el independentismo catalán, porque, mientras en esa comunidad han impulsado la ruptura con el respaldo del 53% de los escaños de la cámara -Junts pel Sí y la CUP- y el 48% de los votos, en Euskadi PNV y EH Bildu suman las dos terceras partes del hemiciclo, el 64%, y tienen casi el 60% de los sufragios.

Pero el nacionalismo moderado vasco no se va dejar enrolar en esta aventura casi insurreccional que, aunque no lo digan en público, para no molestar a sus históricos aliados de Convergència, están absolutamente convencidos de que está condenada al fracaso en Cataluña.

Pactismo Iñigo Urkullu, lehendakari y líder indiscutido del PNV, persigue un cambio del modelo territorial español que respete la "identidad nacional" del País Vasco dentro de una Constitución plurinacional y que le permita tener una relación bilateral con el Estado, con competencias blindadas y sin subordinaciones, pero condiciona los cambios al uso de las vías legales y a la consecución de un pacto. Además de la apuesta por el diálogo y la ley, el PNV tiene otra gran diferencia con los secesionistas catalanes y es que rechaza por completo el frentismo. El pacto con el Estado tiene que ser sobre el consenso de un nuevo estatus político para el País Vasco que antes acuerden, desde la pluralidad, los partidos vascos, nacionalistas y no nacionalistas.

El estrepitoso fracaso del 'plan Ibarretxe' en 2004, bloqueado por los tribunales y las Cortes, y que terminó por costar años después al PNV su único desalojo de Ejuria Enea, ha vacunado al partido contra las alianzas frentistas con la izquierda abertzale y contra las estrategias unilaterales y de choque directo con el Estado.

Los nacionalistas vuelven a estar cómodamente asentados en el centro político vasco. Lo confirmó su buen resultado en las últimas elecciones municipales y la reedición tras años de enfrentamientos de los pactos con el socialismo. Han decidido centrar su gestión en lo que creen que es la demanda social prioritaria, la salida de la crisis, y dejar la reforma estatutaria para la próxima legislatura, que empezará a finales de 2016. Una falta de prisas que sienta bien en un sociedad celosa del autogobierno, pero con menos de un 30% de independentistas, y deseosa de normalidad tras el estrés de 50 años de terrorismo.

Urkullu, tras chocar contra un Mariano Rajoy recentralizador, que rechazó hablar de cambios en el modelo de Estado, espera al 20-D, convencido de que las nuevas Cortes sin mayorías de ningún partido tendrán que abrir el melón constitucional.


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