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CATALUÑA

La CUP condiciona todos los pasos de Artur Mas y Junts pel Sí

  • El desafío secesionista catalán está bloqueado y puede descarrilar

La CUP condiciona todos los pasos de Artur Mas y Junts pel Sí
El presidente catalán en funciones, Artur Mas
EFE
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 15/11/2015 a las 06:00
De hito para la historia a la histeria colectiva. El proceso catalán no gana para sustos. Días después de culminar el mayor desafío a España desde que Lluís Companys proclamó el Estado catalán, en el año 1934, la particular semana trágica del independentismo ha acabado entre reproches, recelos y serias dudas sobre si Junts pel Sí y la CUP serán capaces de llegar a un acuerdo para investir a un presidente que pilote la que Artur Mas ha calificado como la transición del autonomismoa la república catalana.

Mientras no haya un gobierno, la resolución que el Parlamento catalán aprobó el lunes, que proclama de manera solemne el inicio del proceso hacia la creación de una república independiente, es papel mojado. Ya lo es, de hecho, desde que el miércoles el Constitucional la suspendió, previa impugnación del Gobierno central, que ha activado con una urgencia sin precedentes toda la maquinaria del Estado para intentar frenar el proceso. Pero quien le ha dado la puntilla (al menos por ahora), y así lo reconocen en Junts pel Sí, es la CUP, quien con su doble no a la investidura de Mas bloquea de facto las tres leyes de desconexión contempladas en la declaración independentista y cuyos trabajos deberían empezar en un plazo de 30 días. La CUP pide a Junts pel Sí un nuevo gran gesto de desobediencia antes de lanzarse a sus brazos.

Aunque tiene un serio obstáculo: la ley catalana de la Presidencia de la Generalitat limita las atribuciones del Gobierno en funciones y, de entrada, el Ejecutivo no puede presentar proyectos de ley. La cámara autonómica tampoco puede tramitar iniciativas legislativas, porque es necesario que estén creadas las comisiones y éstas no pueden constituirse hasta que se forme un nuevo Gobierno. Los grupos podrían, como mucho, presentar proposiciones de ley y el Gobierno en funciones, decretos, con los que intentar tramitar la ley de la Seguridad Social, la de la Hacienda propia y la del proceso constituyente.

Puede hacerlo, sí, pero esta semana los miembros del Ejecutivo autonómico, la presidenta del Parlament y los integrantes de la Mesa de la cámara ya han sido apercibidos de que si ignoran la suspensión del Constitucional pueden tener consecuencias penales.

El presidente de la Generalitat en funciones y candidato a la reelección también ha dicho ya que no puede ceder más y que ha hecho todos los gestos que podía hacia la CUP. Lo que está por ver es si da un último empujón y fuerza un acto de desobediencia en las próximas semanas, que activaría los dispositivos coercitivos del Estado y puede que también serviría en bandeja la victoria electoral al PP. El problema que tiene Mas es que está atrapado por la izquierda radical.

Los 62 diputados que obtuvo Junts pel Sí en las pasadas elecciones supusieron una victoria amplia para el soberanismo (no en votos), pero la dependencia de los 10 diputados de la CUP es de alto voltaje. Los anticapitalistas hacen gala de ser un partido -ante todo- coherente con lo que dicen y lo que llevan meses proclamando a los cuatro vientos es que no investirán a Artur Mas. Ahí está el nudo gordiano de la negociación entre las dos formaciones independentistas, que solo tienen en común su voluntad de constituir un estado catalán. A partir de ahí se parecen como la noche y el día.

Enrocados Junts pel Sí no puede (ni quiere) renunciar a Mas, porque, de hacerlo, la coalición saltaría por los aires. Esquerra ha cerrado filas en torno al presidente de la Generalitat y difícilmente hará movimientos conspiratorios, porque en caso de elecciones -si sigue manteniendo la disciplina férrea por el bien del proceso- podría tener todas las de ganar. Pero la CUP no quiere a Mas como presidente, y así lo expresa en el documento que ha hecho público y donde desgrana sus exigencias para negociar.

"La responsabilidad de la Presidencia y del Gobierno debe recaer en una opción de consenso, no ligada al ciclo anterior, que abra una nueva etapa no vinculada a los recortes ni a los casos de corrupción ni a una gestión del proceso que a menudo ha primado los intereses de partido, confundiéndose con los de país", señala. La CUP reclama además una "ruptura democrática" a través de una hoja de ruta hacia la independencia, "un plan de choque de emergencia y urgencia social" y un "proceso constituyente popular y no elitista".

Son 39 medidas concretas, como aumentar la dotación en becas comedor, decretar la gratuidad del transporte público para sectores desfavorecidos, paralizar 14 procesos de "privatización", suprimir los conciertos escolares, retirar el proyecto Barcelona World, liberar algunos peajes, garantizar el acceso gratuito a todos los tratamientos médicos de forma universal y recuperar la renta mínima de inserción. Una lista interminable, teniendo en cuenta que Mas ya ha tenido que tragarse unos cuantos sapos, como aprobar una declaración secesionista antes de la investidura, proponer una Presidencia casi coral -con tres vicepresidentes con casi todo el poder-, y sobre todo estar dispuesto a someterse a una moción de confianza dentro de 10 meses, que es tanto como asumir una presidencia interina.

Grietas Estas cesiones le están acarreando asimismo una contestación interna creciente, en su partido y en su Gobierno, de los sectores más moderados, que prefieren elecciones antes que continuar con la huida hacia adelante con los radicales. Con el agravante, además, de la propia dinámica política de la CUP. Y es que sus dirigentes pueden aceptar las propuestas que lance Junts pel Sí, pero otra cosa es que reciban el visto bueno de la asamblea de la formación. Este doble poder es lo que hace imprevisible el desenlace del sudoku de la investidura.

El próximo 29 de noviembre, los asamblearios celebrarán una jornada para trasladar al conjunto de la militancia el estado de las negociaciones. La conferencia podría acabar convirtiéndose en la asamblea que ratifique o rechace un eventual acuerdo de la dirección. La voluntad de los independentistas es cerrar un pacto para la investidura antes del 4 de diciembre, que es cuando arranca la campaña electoral de las generales.

Tienen de plazo para investir a Mas hasta el 10 de enero. Será complicado, más aún tras los comicios, que podrían acabar de enredarlo todo, si el soberanismo no obtiene un buen resultado y no coloca a CDC o ERC como primeras fuerzas. No obstante, tanto Junts pel Sí como la CUP son conscientes de que están ante su oportunidad única, que no la pueden dejar escapar. La presión irá en aumento y el independentismo civil, el de la ANC y Omnium, se echará a la calle.

Lo hará el día 22 -lo iba a hacer mañana, pero canceló la protesta por los atentados de París- para presionar a la CUP para apoye a Mas y el nuevo Gobierno desatasque el desafío al Estado. El soberanismo aún espera que Mas se saque un conejo de la chistera, como en el del 27-S, el 9-N o la pregunta de la consulta. Al dirigente nacionalista no se le puede dar por muerto porque es un especialista en salir de situaciones cuando está al borde del precipicio.

Las alternativas que le quedan, si la CUP se enroca, es dar un paso atrás, que el candidato sea otro (Neus Munté o Raül Romeva) o convocar elecciones. Comicios de resultado incierto, porque el independentismo podría castigar a lo suyos si no son capaces de caminar juntos hacia la ruptura. Quizá, al final, el problema reside en que el secesionismo no superó el 50% de los votos el pasado 27-S y lo que están aflorando son las propias contradiciciones internas, que impiden al proceso avanzar, teniendo en cuenta que no cuenta con el aval mayoritario de la sociedad.


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