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Vivienda

Andalucía comienza a comprar las casas de desahuciados a los bancos

Carmena se reúne con el Santander y el BBVA para buscar alternativas a los desalojos y explicarles su oficina antidesahucios
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  • Colpisa. Sevilla
Actualizada 20/06/2015 a las 06:00
El nuevo ejecutivo andaluz que encabeza Susana Díaz vuelve a tomar las políticas sociales como su bandera y los desahucios como prioridad, pero con un sesgo mucho más moderado que en la pasada legislatura en coalición con IU.

Tras paralizar el Tribunal Constitucional parte de la ley que permitía expropiar a los bancos el uso de viviendas de familias en situación de emergencia social, ahora la Junta de Andalucía da un paso atrás y aprueba un anteproyecto de ley para que el Ejecutivo regional pueda ejercer el derecho de retracto y comprar a los bancos las viviendas de desahuciados.

La fragmentación de la cámara andaluza y el gobierno en minoría del PSOE-A obliga a ser más pragmáticos o moderados a la hora de sacar adelante propuestas que necesitan el acuerdo de alguna otra fuerza política. De ahí que se haya dado un paso atrás en una medida que en su momento se convirtió en la 'propuesta estrella' del anterior ejecutivo y que situó a Andalucía a la vanguardia normativa en materia de desahucios, como recordaron ayer desde IU, y modelo a seguir por comunidades como Canarias o País Vasco. Esta región aprobó precisamente el jueves una medida que recoge el derecho subjetivo a una vivienda y contempla penalizar la vivienda vacía, limitar las VPO al alquiler o expropiar temporalmente a la banca los pisos que pasen a su propiedad por un desahucio únicamente cuando a la familia no se la pueda ubicar en pisos de protección oficial.

UNA SALVAGUARDA PARA EVITAR EL RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL

El nuevo anteproyecto de ley andaluz, al que le queda aún recorrido en el Parlamento y que podría entrar en vigor a finales de año, se inspira por el contrario en el modelo de CiU en Catalunya, y tiene por objetivo "facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios" y, de paso, "incrementar el parque público residencial de la Junta y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la Administración, para personas en situación de vulnerabilidad", según informaron ayer desde la Junta de Andalucía, subrayando que los afectados tendrán preferencia de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.

El presupuesto para este plan estará dotado con entre 8 y 10 millones de euros
La norma contempla como precio de la vivienda la cantidad estipulada como valor de transmisión por el instructor judicial mediante resolución. Además de este importe, el ejecutivo andaluz abonará los costes asociados a la operación, salvo los derivados de la cancelación de hipotecas, que deberán ser asumidos por las entidades financieras.

La Junta de Andalucía comenzará a ejercer el derecho de compra preferente al final del proceso de ejecución hipotecaria, una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación. La medida se llevará a cabo en un periodo de 60 días a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario.

Además, el Plan Autonómico de Vivienda establecerá las zonas donde se aplicará y las condiciones de las familias que podrán beneficiarse de esta medida, en función de su situación social y económica, la demanda de vivienda, las características de los inmuebles y la incidencia de los desahucios en las áreas prevista. No obstante, se estudiarán los casos que se produzcan en zonas distintas a las establecidas

Respecto a los bancos, la nueva norma les obliga a comunicar los documentos relativos a la transmisión de la vivienda en subasta judicial o las órdenes de lanzamiento, una obligación extensible a los órganos judiciales y a los registros.

Además, se prevé una ampliación de las multas por prácticas irregulares e incluye multas de entre 30.001 a 120.000 euros por la no devolución por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios.

Mientras Andalucía aprobaba este proyecto, en Madrid la nueva alcaldesa Manuela Carmena se entrevistaba con los presidentes de BBVA, Francisco González, y Santander, Ana Botín, para encontrar alternativas a los desalojos. "Ha ido muy bien", dijo tras el encuentro con Francisco González. El consistorio quiere poner en marcha una oficina antidesahucios para controlar los desalojos y buscar soluciones para esas familias, ya sea a través de ayudas económicas o alquileres sociales. Una iniciativa que el responsable de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ya ha dicho que parece "un concepto adecuado" aunque habría que esperar a ver su funcionamiento real.


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