Elecciones autonómicas 2015
UPyD justifica la legalidad del rastreo de mails de varios de sus miembros
El partido sale al paso de la denuncia interpuesta por Irene Lozano y denuncia una "trama" para boicotear al partido
- EFE. Madrid
La dirección de UPyD ha asegurado que la investigación que se hizo de los correos del exdiputado asturiano Ignacio Prendes, ahora en C's, se hizo con un cuenta corporativa ya cerrada, cumpliendo con la legalidad, y lo que descubrieron fue una "trama" para boicotear la presencia electoral de la formación.
Los responsables de Organización, Juan Luis Fabo, e Instituciones, Ramón Marcos, han comparecido en una rueda de prensa en la sede de UPyD donde han respondido a la denuncia presentada por la diputada Irene Lozano ante la Comisión de Garantías contra toda la dirección, incluida Rosa Díez, por violar su correo personal y en la que solicita también la suspensión de sus funciones.
Han evitado en todo momento referirse de manera expresa a Lozano o a los otros tres firmantes de la denuncia (la concejala de Segovia Luciana Miguel; Félix Ortiz, integrante de la comisión de Garantías, y Rodrigo Tena, exmiembro de la dirección) y sólo han aludido a Prendes para justificar el rastreo de estos correos.
Según ha explicado Fabo, la empresa Forest Digital accedió a esa correspondencia -un total de quince 'mails', según Lozano-, con "supervisión notarial", y obtuvo una serie de datos "inequívocos y alarmantes".
Datos que apuntaban a que Prendes y otros dirigentes estaban trabajando para otro partido -Ciudadanos- con la finalidad de "dificultar" que UPyD presentara listas en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.
El punto de partida de esta investigación, ha recordado Marcos, es el descubrimiento, el pasado abril, en plena vorágine de la crisis de UPyD tras el desastre electoral en Andalucía, de que la secretaria personal de Prendes, María José Fernández Calvo, afiliada también al partido, era la representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral de Asturias.
A partir de ahí, decidieron tirar de esa madeja y contratar a una empresa -cuyo coste Fabp no ha sabido precisar- porque UPyD tenía la "obligación básica", ha recalcado el responsable de Organización, de proteger al partido.
Igualmente ha dejado claro que la dirección de UPyD "jamás" accedió a esos correos.
Después, el informe con todas esas averiguaciones y los 'mails' de Prendes fueron remitidos al Consejo de Dirección y también al Consejo Político, pero no lo darán a conocer a los afiliados.
Por tanto, el 11 de julio, los seis mil militantes con derecho a sufragio votarán en el congreso extraordinario a la nueva dirección sin saber, de forma oficial, quienes son esos presuntos traidores a UPyD.
"Confío en el buen juicio de los afiliados", ha dado Juan Luis Fabo por toda respuesta.
Los correos electrónicos "violados", a los que alude Lozano y en los que ella plantea fundar otra fuerza política, fueron intercambiados entre la diputada y Prendes durante el mes de abril y filtrados a la prensa a principios de mayo.
De acuerdo con éstos, Lozano urge al parlamentario asturiano y a otros dirigentes a impulsar la plataforma Encuentros para sumar a todos los descontentos de UPyD que quieren pactar con Ciudadanos.
Plataforma que debería convertirse en partido, señala la diputada, porque "las expulsiones están tomando velocidad de crucero".
Irene Lozano en su momento decidió no denunciar estos hechos, pero finalmente ha acudido a la Comisión de Garantías tras conocer que la dirección distribuyó hace dos semanas a sus miembros un informe con toda esta correspondencia más algunas aportaciones "manipuladas e interesadas" para desprestigiarla a ella y a Prendes.
Los firmantes de este escrito de amparo, que no descartan acudir a la vía judicial, señalan que las infracciones cometidas por la ejecutiva son "muy graves" y pueden acabar con la suspensión de militancia, aparte de otras sanciones penales por violación de información privada.
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