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Tribunales

La justicia anula una multa histórica a las grandes eléctricas

  • No niega la existencia de un pacto contra la competencia, pero estima que el registro de su patronal, clave para las pruebas, fue excesivo

  • Colpisa. Madrid
Actualizada 03/04/2015 a las 06:00
Existen indicios serios de que las principales eléctricas que operan en España urdieron en 2007 un plan para dificultar la apertura del mercado a otras compañías comercializadoras, pero no serán sancionadas por ese motivo. La Audiencia Nacional ha anulado la multa histórica impuesta en mayo de 2011 por la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), al considerar que las pruebas clave del caso se obtuvieron de forma ilícita.

En realidad, el registro efectuado por los técnicos de la CNC en la sede de Unesa, la patronal eléctrica, sí fue acordado por un juez. El problema es que el Tribunal Supremo ha considerado ahora que la motivación de dicha orden fue insuficiente, al no incluir "las especificaciones mínimamente exigibles" sobre la materia que se investigaba y los datos que se pretendía hallar.

Fruto de esa intervención, Competencia obtuvo varios correos personales de responsables de Unesa, así como notas de las reuniones entre la patronal y sus asociadas. En ellos se ponía de manifiesto su estrategia premeditada para entorpecer la liberalización eléctrica, para lo que exigían a terceros más datos de los previstos o ralentizaban al máximo las solicitudes de los clientes para cambio de suministrador.

SIN VALORAR LAS PRUEBAS

Con esas pruebas, la CNC -antecesora de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- multó a las cinco grandes operadoras del sector con sesenta millones de euros, que recayeron sobre todo en Endesa (21,6 millones), Iberdrola (8,8) y Gas Natural (1,8). Sin embargo, según fuentes jurídicas y del sector, la Audiencia Nacional las ha invalidado ahora tras ser anulada por el Supremo la controvertida orden para el registro de Unesa.

Los magistrados no entran a valorar si hay elementos para estimar que las eléctricas vulneraron las normas de competencia, como parece desprenderse del expediente de caso. Se limitan a aceptar su recurso -y, con eso, anular las multas- porque sin los papeles de la patronal "deviene una absoluta falta de prueba".

Esos sesenta millones fueron entonces la mayor multa impuesta por Competencia por vulneraciones del libre mercado. Hoy en día, sin embargo, ha quedado relegado al quinto lugar en el 'ranking' de sanciones. Por delante de ella están los 120 millones impuestos a las principales operadoras de móvil, por el precio excesivo de sus SMS; los 98 millones a 35 operadores del sector del reciclaje y las basuras (entre ellos los grandes grupos del sector de los servicios), por concertarse antes de acudir a los concursos públicos; los 88,5 millones a las navieras que unen la península con Marruecos, por pactar sus condiciones; y recientemente los 88 millones a la industria láctea, por convenir sus contratos en perjuicio de los ganaderos.


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