El fiscal ha pedido este martes en el juicio entre seis y ocho años de cárcel para cuatro acusados de la red de
extorsión de
ETA por cobrar entre 2005 y 2006 el denominado
impuesto revolucionario actuando en torno al
bar Faisán de
Irún (Guipúzcoa) y ha retirado la acusación a un quinto.
En concreto, ha solicitado ocho años de prisión por integración en grupo terrorista para
Ramón Sagarzazu Olazaguirre,
Jean Pierre Harocarene Camio y
Emilio Castillo González y seis por colaboración con banda armada para
Ignacio Aristizábal, mientras que ha retirado la acusación para
José Carmelo Luquin.
También han retirado la acusación para Luquin las asociaciones
Dignidad y Justicia y de
Víctimas del Terrorismo, que ha reclamado doce años de prisión para los acusados por pertenencia a
ETA y diez para el imputado por colaboración.
De esta forma de los doce
acusados inicialmente se sentaron en el
banquillo desde el pasado día 2 sólo cinco imputados y han llegado como tales al final del juicio cuatro, ya que a la retirada de acusación a
Luquin se suma el fallecimiento antes de la vista de
Jesús Iruretagoyena y el hecho de que
Alfonso Martínez de Lizarduy quedó exento al comienzo por su estado de salud y edad.
Además, respecto a las cinco personas que formaban parte del consejo de la empresa
Azkoyen, para los que el fiscal pedía seis meses de cárcel por supuesto delito de administración fraudulenta tras acceder a pagar a
ETA unos 222.000 euros, la
Audiencia Nacional decidió en la primera jornada del juicio enviar el procedimiento a los juzgados de
Navarra.
Los acusados fueron procesados en 2008 como presuntos integrantes de una subestructura de
ETA llamada '
Gezi' (punta de flecha), liderada por el
fallecido Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, que recibió un
chivatazo policial en 2006 que frustró una operación contra la red de extorsión.
El fiscal
Carlos Miguel Bautista ha informado de que ha retirado la acusación para
Luquin, porque, tras el "buen hacer" de su abogado,
Íñigo Iruin, ya no persisten los indicios que había contra él en su momento, pero sí estima que hay pruebas para condenar a los otros cuatro acusados.
Ha aclarado que en los registros solo se pudo recuperar una carta de extorsión de
ETA debido a la filtración que hubo de la investigación.
De todas formas, para el
fiscal, tras siete "largos e intensos" años de procedimiento, se ha podido acreditar la participación de estos acusados en la subred de financiación de
ETA encabezada por
Elosúa, dentro de un sistema que comenzaba con avisos y podía terminar en ataques directos a la persona o a su empresa en caso de impago.
El fiscal ha destacado que la investigación reveló un "trasiego" de empresarios en el
Faisán impropio de este tipo de
bar y ha comentado que "la Policía lo tenía fácil para distinguir entre sus clientes habituales y los que llegaban en determinados coches que llamaban la atención".
Ha hecho referencia a empresarios que negaron estas visitas al
bar Faisán para tramitar con
Elosúa pagos, tras recibir cartas de
ETA, pero ha dicho que hay que tener en cuenta que se trata de "gente mayor y asustada".
El
fiscal ha subrayado que las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía demuestran que
Elosúa y los demás implicados usaban un "lenguaje jeroglífico", mediante el que por ejemplo las facturas de "vino" eran referencias al impuesto revolucionario.
Ha comentado que "
Elosúa no era un simple charlatán sino una persona extremadamente inteligente que tenía una forma muy interesante de encubrir lo que hacía, hablando por los codos en voz alta, mezclando de tal forma que primero podía hablar del
Athletic de Bilbao y luego meter una morcilla relacionada con todo esto".
El abogado de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reclamado doce años de prisión para los acusados por pertenencia a
ETA y diez para el imputado por colaboración y ha retirado la acusación a
Luquin, al igual que la letrada de la organización Dignidad y Justicia.
El representante de la
AVT ha concretado que hay indicios de que
Harocarene se encargaba de recopilar información económica de empresarios, distribuía cartas e intermediaba en los pagos;
Sagarzazu gestionaba los mismos y dirigía en España la relación con los
empresarios; y los otros dos acusados participaron en el reparto de misivas.
La abogada de
Dignidad y Justicia ha atribuido la negativa de algún
empresario a reconocer los pagos al miedo a ser imputado por ello y al hecho de que "desde el punto de vista moral no debe ser fácil".
Selección DN+
