El fiscal pide hasta 8 años de cárcel para cuatro acusados del caso Faisán

El fiscal ha pedido este martes en el juicio entre seis y ocho años de cárcel para cuatro acusados de la red de extorsión de ETA por cobrar entre 2005 y 2006 el denominado impuesto revolucionario actuando en torno al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y ha retirado la acusación a un quinto.

En concreto, ha solicitado ocho años de prisión por integración en grupo terrorista para Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Harocarene Camio y Emilio Castillo González y seis por colaboración con banda armada para Ignacio Aristizábal, mientras que ha retirado la acusación para José Carmelo Luquin.

También han retirado la acusación para Luquin las asociaciones Dignidad y Justicia y de Víctimas del Terrorismo, que ha reclamado doce años de prisión para los acusados por pertenencia a ETA y diez para el imputado por colaboración.

De esta forma de los doce acusados inicialmente se sentaron en el banquillo desde el pasado día 2 sólo cinco imputados y han llegado como tales al final del juicio cuatro, ya que a la retirada de acusación a Luquin se suma el fallecimiento antes de la vista de Jesús Iruretagoyena y el hecho de que Alfonso Martínez de Lizarduy quedó exento al comienzo por su estado de salud y edad.

Además, respecto a las cinco personas que formaban parte del consejo de la empresa Azkoyen, para los que el fiscal pedía seis meses de cárcel por supuesto delito de administración fraudulenta tras acceder a pagar a ETA unos 222.000 euros, la Audiencia Nacional decidió en la primera jornada del juicio enviar el procedimiento a los juzgados de Navarra.

Los acusados fueron procesados en 2008 como presuntos integrantes de una subestructura de ETA llamada 'Gezi' (punta de flecha), liderada por el fallecido Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, que recibió un chivatazo policial en 2006 que frustró una operación contra la red de extorsión.

El fiscal Carlos Miguel Bautista ha informado de que ha retirado la acusación para Luquin, porque, tras el "buen hacer" de su abogado, Íñigo Iruin, ya no persisten los indicios que había contra él en su momento, pero sí estima que hay pruebas para condenar a los otros cuatro acusados.

Ha aclarado que en los registros solo se pudo recuperar una carta de extorsión de ETA debido a la filtración que hubo de la investigación.

De todas formas, para el fiscal, tras siete "largos e intensos" años de procedimiento, se ha podido acreditar la participación de estos acusados en la subred de financiación de ETA encabezada por Elosúa, dentro de un sistema que comenzaba con avisos y podía terminar en ataques directos a la persona o a su empresa en caso de impago.

El fiscal ha destacado que la investigación reveló un "trasiego" de empresarios en el Faisán impropio de este tipo de bar y ha comentado que "la Policía lo tenía fácil para distinguir entre sus clientes habituales y los que llegaban en determinados coches que llamaban la atención".

Ha hecho referencia a empresarios que negaron estas visitas al bar Faisán para tramitar con Elosúa pagos, tras recibir cartas de ETA, pero ha dicho que hay que tener en cuenta que se trata de "gente mayor y asustada".

El fiscal ha subrayado que las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía demuestran que Elosúa y los demás implicados usaban un "lenguaje jeroglífico", mediante el que por ejemplo las facturas de "vino" eran referencias al impuesto revolucionario.

Ha comentado que "Elosúa no era un simple charlatán sino una persona extremadamente inteligente que tenía una forma muy interesante de encubrir lo que hacía, hablando por los codos en voz alta, mezclando de tal forma que primero podía hablar del Athletic de Bilbao y luego meter una morcilla relacionada con todo esto".

El abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reclamado doce años de prisión para los acusados por pertenencia a ETA y diez para el imputado por colaboración y ha retirado la acusación a Luquin, al igual que la letrada de la organización Dignidad y Justicia.

El representante de la AVT ha concretado que hay indicios de que Harocarene se encargaba de recopilar información económica de empresarios, distribuía cartas e intermediaba en los pagos; Sagarzazu gestionaba los mismos y dirigía en España la relación con los empresarios; y los otros dos acusados participaron en el reparto de misivas.

La abogada de Dignidad y Justicia ha atribuido la negativa de algún empresario a reconocer los pagos al miedo a ser imputado por ello y al hecho de que "desde el punto de vista moral no debe ser fácil".