Tribunales
Actualizada 09/03/2015 a las 08:39
Pablo Ruz decidirá si acusa al PP de lucrarse con la 'caja B' antes de irse
- El juez tiene pensado cerrar los flecos de la investigación antes de que su sustituto llegue al juzgado tras Semana Santa
- Colpisa. Madrid
Un mes. Este es el tiempo que dispone el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de la 'caja B' del Partido Popular, para solventar los flecos pendientes en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la formación en el Gobierno. Pese a que aún no ha confirmado de forma oficial si continúa o no como apoyo del nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción cinco -José de la Mata-, Ruz tiene previsto pisar el acelerador en los próximos días y dictar importantes resoluciones para el devenir de la causa, según fuentes judiciales.
Tras decretar el pasado jueves el auto de apertura de juicio oral en la pieza principal del 'caso Gürtel', después de cuatro años de ardua instrucción -los dos primeros se repartieron entre los jueces Garzón y Pedreira-, Ruz se ha quitado un peso de encima para centrarse en la 'caja B'. Con ese carácter metódico que le caracteriza, el instructor decidirá, entre otras cosas, si acusa formalmente al PP por las donaciones irregulares que aparecen en los 'papeles de Bárcenas'. Un supuesto que sería un verdadero torpedo en la línea de flotación para el partido de Mariano Rajoy.
Antes de llegar a este extremo, el juez parte de la base de que, en estos dos años de investigación sobre la contabilidad del PP no declarada a Hacienda, "se ha contrastado parcialmente el pago de sobresueldos en negro a determinadas personas vinculadas al partido, el pago de gastos generados en campañas electorales o el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido". Todo eso se hizo con los fondos procedentes de las donaciones de empresarios que fueron a parar a la 'caja B', controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta entre 1990 y 2009.
Pues bien, en 2008, el último año no prescrito en la investigación de Ruz, los donantes entregaron más de un millón de euros que fueron a parar a la contabilidad paralela, según los 'papeles de Bárcenas'. Para Hacienda, estos pagos están exentos de tributación porque, aunque fueron irregulares, se usaron para gastos electorales, laborales (incluidas las retribuciones) e incluso para la realización de inversiones en la sede de la entidad. Según los funcionarios fiscales, la ley dice que solo se pueden tributar en el caso de que los gastos no se hubieran destinado a fines políticos.
Contra este criterio, el propio Ruz o la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, aunque las donaciones ilegales no son delito -solo están castigadas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos con una sanción económica del doble de lo ingresado-, hay que considerarlas como un ingreso extraordinario, troceado eso sí para que no superara el límite legal. Por este motivo, estudian si el PP tendría que haber pagado el impuesto de sociedades.
RESPONSABLE CIVIL O LUCRO
Hacienda, en este caso la jefa de la unidad antifraude Margarita García-Valdecasas, se resiste a acatar la orden judicial y cuantificar la cuota defraudada en 2008 porque ya han dado su opinión, según le dijo al juez. Pero Ruz, con el aval del fiscal, volverá a exigirle esta semana la diligencia para cerrar el capítulo del delito tributario en la 'caja B'. En cualquier caso, el juez está decidido a solventar este fleco antes de que venga su sustituto; se estima que después de Semana Santa.
Si al final Ruz, como todo parece indicar, decide actuar contra el PP, la formación no puede ser imputada porque en 2008 no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en vigor en 2012 para los partidos políticos. Así que los populares solo podrían ser acusados como responsables civiles de estos hechos (artículo 120.3 y 4 del Código Penal) o como partícipes a título lucrativo (122). La misma figura con la que el PP o la exministra Ana Mato van a ser juzgados en el 'caso Gürtel'. Deberán abonar fianzas de 245.000 y 24.800 euros por lucrarse de la trama, respectivamente.
El criterio del juez está más claro en los otros indicios que investiga la causa. En las obras de la sede de Génova 13, que la investigación ha acreditado que el treinta por ciento se pagó con dinero de la 'caja B' -1,7 millones-, están imputados por tres delitos fiscales los arquitectos de la obra. Y nada más. Porque Hacienda ya ha dicho que el PP, como sujeto jurídico, no tiene responsabilidad penal al ser unos hechos anteriores a la citada ley de 2012.
Asimismo, parece evidente que serán juzgados por delito contable los tres principales imputados: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, exgerente del PP. El delito contable castiga al gestor económico que "lleve contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa". La pena de prisión va de cinco a siete meses.También falta por ver si el juez tiene indicios suficientes para mantener como querellados a la pléyade de empresarios donantes que han pasado por su juzgado. Un supuesto complicado tras un reciente informe de la Intervención General del Estado en el que no veían correlación entre las entregas al partido y las adjudicaciones "por falta de pruebas".
Tras decretar el pasado jueves el auto de apertura de juicio oral en la pieza principal del 'caso Gürtel', después de cuatro años de ardua instrucción -los dos primeros se repartieron entre los jueces Garzón y Pedreira-, Ruz se ha quitado un peso de encima para centrarse en la 'caja B'. Con ese carácter metódico que le caracteriza, el instructor decidirá, entre otras cosas, si acusa formalmente al PP por las donaciones irregulares que aparecen en los 'papeles de Bárcenas'. Un supuesto que sería un verdadero torpedo en la línea de flotación para el partido de Mariano Rajoy.
Antes de llegar a este extremo, el juez parte de la base de que, en estos dos años de investigación sobre la contabilidad del PP no declarada a Hacienda, "se ha contrastado parcialmente el pago de sobresueldos en negro a determinadas personas vinculadas al partido, el pago de gastos generados en campañas electorales o el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido". Todo eso se hizo con los fondos procedentes de las donaciones de empresarios que fueron a parar a la 'caja B', controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta entre 1990 y 2009.
Pues bien, en 2008, el último año no prescrito en la investigación de Ruz, los donantes entregaron más de un millón de euros que fueron a parar a la contabilidad paralela, según los 'papeles de Bárcenas'. Para Hacienda, estos pagos están exentos de tributación porque, aunque fueron irregulares, se usaron para gastos electorales, laborales (incluidas las retribuciones) e incluso para la realización de inversiones en la sede de la entidad. Según los funcionarios fiscales, la ley dice que solo se pueden tributar en el caso de que los gastos no se hubieran destinado a fines políticos.
Contra este criterio, el propio Ruz o la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, aunque las donaciones ilegales no son delito -solo están castigadas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos con una sanción económica del doble de lo ingresado-, hay que considerarlas como un ingreso extraordinario, troceado eso sí para que no superara el límite legal. Por este motivo, estudian si el PP tendría que haber pagado el impuesto de sociedades.
RESPONSABLE CIVIL O LUCRO
Hacienda, en este caso la jefa de la unidad antifraude Margarita García-Valdecasas, se resiste a acatar la orden judicial y cuantificar la cuota defraudada en 2008 porque ya han dado su opinión, según le dijo al juez. Pero Ruz, con el aval del fiscal, volverá a exigirle esta semana la diligencia para cerrar el capítulo del delito tributario en la 'caja B'. En cualquier caso, el juez está decidido a solventar este fleco antes de que venga su sustituto; se estima que después de Semana Santa.
Si al final Ruz, como todo parece indicar, decide actuar contra el PP, la formación no puede ser imputada porque en 2008 no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en vigor en 2012 para los partidos políticos. Así que los populares solo podrían ser acusados como responsables civiles de estos hechos (artículo 120.3 y 4 del Código Penal) o como partícipes a título lucrativo (122). La misma figura con la que el PP o la exministra Ana Mato van a ser juzgados en el 'caso Gürtel'. Deberán abonar fianzas de 245.000 y 24.800 euros por lucrarse de la trama, respectivamente.
El criterio del juez está más claro en los otros indicios que investiga la causa. En las obras de la sede de Génova 13, que la investigación ha acreditado que el treinta por ciento se pagó con dinero de la 'caja B' -1,7 millones-, están imputados por tres delitos fiscales los arquitectos de la obra. Y nada más. Porque Hacienda ya ha dicho que el PP, como sujeto jurídico, no tiene responsabilidad penal al ser unos hechos anteriores a la citada ley de 2012.
Asimismo, parece evidente que serán juzgados por delito contable los tres principales imputados: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, exgerente del PP. El delito contable castiga al gestor económico que "lleve contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa". La pena de prisión va de cinco a siete meses.También falta por ver si el juez tiene indicios suficientes para mantener como querellados a la pléyade de empresarios donantes que han pasado por su juzgado. Un supuesto complicado tras un reciente informe de la Intervención General del Estado en el que no veían correlación entre las entregas al partido y las adjudicaciones "por falta de pruebas".
