Un mes. Este es el tiempo que dispone el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, instructor de la
'caja B' del
Partido Popular, para solventar los flecos pendientes en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la formación en el Gobierno. Pese a que aún no ha confirmado de forma oficial si continúa o no como apoyo del nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción cinco -
José de la Mata-, Ruz tiene previsto pisar el acelerador en los próximos días y dictar importantes resoluciones para el devenir de la causa, según fuentes judiciales.
Tras decretar el pasado jueves el auto de
apertura de juicio oral en la pieza principal del
'caso Gürtel', después de cuatro años de ardua instrucción -los dos primeros se repartieron entre los jueces
Garzón y
Pedreira-, Ruz se ha quitado un peso de encima para centrarse en la 'caja B'. Con ese carácter metódico que le caracteriza, el instructor decidirá, entre otras cosas, si acusa formalmente al PP por las
donaciones irregulares que aparecen en los
'papeles de Bárcenas'. Un supuesto que sería un verdadero torpedo en la línea de flotación para el partido de Mariano Rajoy.
Antes de llegar a este extremo, el juez parte de la base de que, en estos
dos años de investigación sobre la contabilidad del PP no declarada a Hacienda, "se ha contrastado parcialmente el pago de
sobresueldos en negro a determinadas personas vinculadas al partido, el pago de gastos generados en
campañas electorales o el pago de distintos servicios y gastos en
beneficio del partido". Todo eso se hizo con los fondos procedentes de las
donaciones de empresarios que fueron a parar a la 'caja B', controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y
Álvaro Lapuerta entre 1990 y 2009.
Pues bien, en 2008, el último año no prescrito en la investigación de Ruz, los donantes entregaron
más de un millón de euros que fueron a parar a la
contabilidad paralela, según los 'papeles de Bárcenas'. Para Hacienda, estos pagos están
exentos de tributación porque, aunque fueron irregulares, se usaron para gastos electorales, laborales (incluidas las retribuciones) e incluso para la realización de inversiones en la sede de la entidad. Según los funcionarios fiscales, la ley dice que solo se pueden tributar en el caso de que los gastos no se hubieran destinado a fines políticos.
Contra este criterio, el propio Ruz o la
Fiscalía Anticorrupción sostienen que, aunque las donaciones ilegales no son delito -solo están castigadas en la
Ley de Financiación de Partidos Políticos con una
sanción económica del doble de lo ingresado-, hay que considerarlas como un
ingreso extraordinario,
troceado eso sí para que no superara el límite legal. Por este motivo, estudian si el PP tendría que haber pagado el
impuesto de sociedades.
RESPONSABLE CIVIL O LUCRO
Hacienda, en este caso la jefa de la unidad antifraude
Margarita García-Valdecasas, se resiste a acatar la orden judicial y cuantificar la cuota defraudada en 2008 porque ya han dado su opinión, según le dijo al juez. Pero Ruz, con el aval del fiscal, volverá a exigirle esta semana la diligencia para cerrar el capítulo del delito tributario en la 'caja B'. En cualquier caso, el juez está decidido a solventar este fleco antes de que venga su sustituto; se estima que después de Semana Santa.
Si al final Ruz, como todo parece indicar, decide actuar contra el PP, la formación no puede ser imputada porque en 2008 no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en vigor en 2012 para los partidos políticos. Así que los populares solo podrían ser acusados como
responsables civiles de estos hechos (artículo 120.3 y 4 del Código Penal) o como partícipes a
título lucrativo (122). La misma figura con la que el PP o la exministra
Ana Mato van a ser juzgados en el
'caso Gürtel'. Deberán abonar fianzas de
245.000 y 24.800 euros por lucrarse de la trama, respectivamente.
El criterio del juez está más claro en los otros indicios que investiga la causa. En las
obras de la sede de Génova 13, que la investigación ha acreditado que el treinta por ciento se pagó con dinero de la 'caja B' -
1,7 millones-, están imputados por tres delitos fiscales los arquitectos de la obra. Y nada más. Porque Hacienda ya ha dicho que el PP, como sujeto jurídico, no tiene responsabilidad penal al ser unos
hechos anteriores a la citada ley de 2012.
Asimismo, parece evidente que serán juzgados por delito contable los tres principales imputados: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y
Cristóbal Páez, exgerente del PP. El delito contable castiga al gestor económico que "lleve contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa". La pena de
prisión va
de cinco a siete meses.También falta por ver si el juez tiene indicios suficientes para mantener como querellados a la pléyade de
empresarios donantes que han pasado por su juzgado. Un supuesto complicado tras un reciente informe de la
Intervención General del Estado en el que no veían correlación entre las entregas al partido y las adjudicaciones "por
falta de pruebas".
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