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UNIVERSIDADES

Convocada una huelga universitaria el 24 de marzo contra el "decreto 3+2"

  • Docentes y estudiantes han rechazado lo que entienden que es una reforma estructural "por la puerta de atrás" de la universidad

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Actualizada 04/03/2015 a las 16:36
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  • EFE. MADRID
Sindicatos de docentes y de estudiantes han anunciado la convocatoria de una huelga general en las universidades para el próximo 24 de marzo en contra del que ellos denominan "decreto 3+2", que permite que haya grados de tres años con másteres de dos años.

En una rueda de prensa conjunta, los sindicatos de profesores CSI-F, CC OO y UGT, así como el Sindicato de Estudiantes (SE), Estudiantes en Movimiento y la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), han rechazado lo que entienden que es una reforma estructural "por la puerta de atrás" de la universidad.

Todos ellos se han opuesto, asimismo, a los reales decretos que, según han indicado, el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas y que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario.

El secretario general de Enseñanza de CC OO, Francisco García, ha afirmado que estas reformas están encaminadas a "privatizar" el sistema universitario, que provocarán pérdidas de puestos de trabajo, así como económicas para las universidades públicas para convertirlo en "más clasista".

García ha pedido que se paralicen estas medidas porque no se puede cambiar la educación "a espaldas de todos" y en contra de la mayoría social.

Tal y como ha afirmado, a la huelga del próximo 24 de marzo, además de los estudiantes, están convocados 148.000 trabajadores de las universidades públicas pertenecientes tanto al ámbito administrativo como al de la docencia y la investigación.

En los mismos términos se ha expresado el secretario general de la Federación de Enseñanza FETE-UGT, Carlos López, quien ha destacado que con el "decreto 3+2" se puede perder el 20 por ciento de los empleos de la universidad pública y, además, se encarecerán los títulos universitarios.

Asimismo, con este sistema, ha continuado López, la financiación de las universidades recaerá en las familias y no en los presupuestos de las administraciones.

También ha criticado los otros dos decretos porque reformarán el sistema universitario sin que se haya evaluado previamente.

Desde CSI-F, el presidente del sector de Universidades, Francisco Olivares, ha señalado que los convocantes de la huelga son el 100 por cien de la comunidad universitaria y que el sindicato se une a ella porque el Gobierno no le ha dado oportunidades de seguir dialogando.

Ha insistido en que el "decreto 3+2" tiene un informe contrario por parte del Consejo de Estado y le ha propuesto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que iguale el precio de los créditos de grado y de máster.

"No impida por un tema económico hacer una carrera a la que se tiene derecho", ha aseverado Olivares.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha invitado a "toda la educación por completo", desde la infantil hasta la universitaria, a apoyar la huelga y a toda la ciudadanía a asistir el 24 de marzo a la manifestación que tendrá lugar en Madrid a las 18.30 horas y que partirá desde la Plaza de Cánovas del Castillo y concluirá frente al Ministerio de Educación.

"No aceptamos una universidad que sea solo para ricos", ha dicho García, quien ha agregado que rechazan que el sistema educativo vuelva "al modelo franquista".

Para el presidente de Faest, Alejandro Delgado, el decreto que que permite que haya grados de tres años con másteres de dos años forma parte de la "apisonadora del PP" que impone un sistema "sin consenso alguno".

En su opinión, los grados deben garantizar la inclusión en el mercado laboral y esta reforma "está en contra" de ese principio.

Esta huelga es la segunda -la semana pasada el SE convocó 48 horas de huelga estudiantil- que tiene lugar en contra del real decreto sobre ordenación de titulaciones de enseñanzas oficiales universitarias, aprobado por el Gobierno el pasado 30 de enero.
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