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CATALUÑA

La justicia catalana despeja el camino para la imputación de Mas

  • La Fiscalía denunció al presidente de la Generalitat por un posible delito de desobediencia durante el 9-N

El presidente de la Generalitat Artur Mas, durante su intervención en la sesión de control a su Gobierno este miércoles en el Parlament de Cataluña.

El presidente de la Generalitat Artur Mas, durante su intervención en la sesión de control a su Gobierno este miércoles en el Parlament de Cataluña.

efe
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Actualizada 28/02/2015 a las 11:50
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  • COLPISA. BARCELONA
La justicia quiere seguir investigando la causa penal abierta contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió hoy desestimar los recursos planteados por Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la admisión a trámite de las querellas presentadas por la Fiscalía como consecuencia del proceso participativo. Esta resolución -no recurrible- supone en la práctica el inicio de la instrucción del caso. "No se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable", según el auto hecho público este viernes. El tribunal mantiene, por tanto, el curso de la investigación por la comisión de un supuesto delito de desobediencia durante el 9-N y despeja el camino para la imputación de Mas.

La sala civil y penal del TSJC, añade el auto, cree que es preciso continuar la "correspondiente instrucción penal", pues entiende que existen "indicios" de que Mas, Ortega y Rigau desoyeron las órdenes de suspensión cautelar de la consulta alternativa decretadas el 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional. Así, el tribunal señaló -en el auto de hace mes y medio en que admitía a trámite la querella- que entre el día en que el Constitucional emitió la orden de suspensión cautelar y el día 10 de noviembre, veinticuatro horas después de la votación, el jefe del Ejecutivo catalán y sus colaboradores "continuaron los actos preparatorios" de la consulta alternativa. Entre otras cuestiones, mantuvieron la "publicidad institucional", realizaron "actos administrativos", hasta "llevar a cabo, en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014". El tribunal recuerda que el propio Mas se responsabilizó de todo ello.

El TSJC considera ahora además "irrelevantes" algunos de los argumentos esgrimidos por la defensa de los tres miembros del Gobierno catalán para pedir el archivo de la causa. Los letrados de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau señalaron que el delito de desobediencia requiere un "mandato exprés, concreto y determinado", extremo que a su juicio el Tribunal Constitucional no hizo en la resolución del 4 de noviembre, en la que paralizó el proceso participativo (la consulta alternativa). Los abogados recordaron asimismo que la Fiscalía de Cataluña, en un primer momento, emitió un informe en el que no apreciaba indicios de delito en la actuación del Gobierno catalán durante el 9-N y que para que haya delito tiene que haber una negación abierta por parte de quien debe obedecer la resolución judicial, una actuación contumaz y una reiteración del desacato tras una advertencia previa.

En su auto, el TSJC apunta asimismo que su investigación no tiene límite temporal, por lo que podría ampliarse a los hechos previos a la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, el pasado 4 de noviembre. Y rechazó ampliar la investigación al consejero de Interior, Ramon Espadaler; la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, y a los miembros de la Cámara catalana, los diputados Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon.
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