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Tribunales

Según el presidente del TSJM, los pagos de Indra eran creación jurídica

  • Francisco Javier Vieira defendió durante 45 minutos ante el Consejo que la actividad de los jueces fue reglamentaria

Francisco Javier Vieira
Francisco Javier Vieira
EFE
  • Colpisa. Madrid
Actualizada 25/02/2015 a las 06:00
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, compareció este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tratar de aclarar la polémica generada por los pagos que la Comunidad de Madrid realizó a 32 juristas, entre jueces, fiscales y secretarios judiciales, a través de la empresa privada Indra por unas tareas de asesoramiento informático.

Vieira compareció durante 45 minutos ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ y defendió su tesis, hecha pública el lunes en un comunicado, de que no consultó al Poder Judicial sobre si los magistrados que cobraron (incluido él mismo) incurrían o no en incompatibilidad, porque entendía que esta actividad no lo precisaba al tratarse de "creación técnico-jurídica", según avala el reglamento.

El presidente del Superior de Madrid aportó además diversa documentación para justificar estos trabajos, defendidos del mismo modo a través de un comunicado por la mayoría de los jueces decanos de Madrid, para quienes la ley califica de compatible con el cargo de juez o magistrado este tipo de labores. En total, el Gobierno madrileño pagó 200.000 euros en primas abonadas previamente por Indra.

Estas tareas consistían en recopilar jurisprudencia para distintos supuestos y organizar fichas con diferentes trámites procesales para que los informáticos de Indra las introdujesen en el sistema informático, dentro de los trámites de modernización tecnológica de la Administración de Justicia.

Uno de los puntos que también se investiga es el sistema de elección empleado por Vieira para elegir a los juristas y en virtud de qué criterios, ya que se sospechosa que no hubo concurso interno y fue a dedo. Fuentes judiciales señalaron que los participantes cobraron entre doscientos y quinientos euros mensuales, unas tareas que en su mayoría realizaron fuera de su jornada laboral, con unos trabajos que implican unas quince horas mensuales y se habrían desembolsado unos 7.000 euros en dos años.


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