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JUSTICIA

La supresión de las tasas judiciales no será efectiva antes de verano

  • El Gobierno anuncia la eliminación parcial del polémico gravamen, que afectará a las personas físicas y no a las empresas

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 25/02/2015 a las 06:00
El Gobierno anunció este martes la supresión de las tasas judiciales a las personas físicas tras el discurso del presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación, pero mantendrá su aplicación a las personas jurídicas, es decir, a las empresas en general, incluidas las Pymes. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la eliminación parcial del gravamen se estima que no será efectiva hasta antes del verano.

En un documento repartido tras la intervención de Rajoy, que solo mencionó en su discurso la "revisión" de las tasas, el Ejecutivo ha introducido entre las medidas de agilización de la Justicia la siguiente cita: "En el marco de la creciente recuperación económica, se revisarán las tasas judiciales. Las personas físicas quedarán exentas en todas las órdenes e instancias". Nada más.

Las fuentes de Justicia consultadas detallaron que existen varias vías para introducir esta modificación sustancial a la Ley 12/2012, la de las tasas judiciales, que entró en vigor en diciembre de 2012 y grava una media de entre 50 y 750 euros la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

Una de las posibilidades que estudia el Ministerio de Justicia sería la introducción de una enmienda o un cambio de última hora en el proyecto de ley de Justicia Gratuita, que en la actualidad se tramita en el Congreso.

Esta reforma se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia y la última fue la presentada por el Grupo Mixto en agosto de 2014. Dicho proyecto está muy vinculado a las tasas judiciales, admiten las fuentes consultadas, por cuanto establece los nuevos requisitos económicos y sociales para acceder a la defensa jurídica gratuita.

Otra de los asuntos que deberá resolver el Gobierno en este trámite, a través del Grupo Parlamentario Popular, es una de las recomendaciones que hizo la Defensora del Pueblo en febrero de 2013 sobre las tasas. Reclamó la devolución de los depósitos ya cobrados a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de asistencia jurídica gratuita. Se trata de aquellos que ganen menos de 15.975 euros brutos anuales y las víctimas del terrorismo, violencia de género o trata de seres humanos.

Reivindicación

La eliminación parcial de las tasas era una de las principales reivindicaciones de los operadores jurídicos, abogados y procuradores, sobre todo, ya que, aseguran, dificulta el acceso a la Justicia de los ciudadanos y no cumple con el propósito para el que fueron diseñadas: financiar la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, ha reducido de forma significativa el ingreso de los despachos profesionales. Hasta un 30% de media en algunos casos, según fuentes del sector.

Las tasas se pusieron en marcha en diciembre de 2012 y gravan una media de entre 50 y 750 euros la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Aunque en determinados casaciones la cantidad es mayor. La recaudación de Hacienda en estos dos años de implantación del gravamen se estima en unos 512 millones de euros.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, informó hace unas semanas al Consejo General de la Abogacía Española que la idea era volver al sistema implantado en 2003, es decir, que se suprimiera el gravamen a las personas físicas y solo se mantuviera para las empresas cuando el pleito fueran de determinada cuantía, lo que excluiría a priori a las Pymes. Un punto que en la actualidad no está resuelto.


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