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Tribunales

El TS considera prescrito el supuesto cohecho del presidente de Cantabria

  • La Sala de lo Penal no ve indicios suficientes para vincular el pago de un balneario a Ignacio Diego

Ignacio Diego
Ignacio Diego
Cedida
  • Colpisa. Madrid
Actualizada 25/02/2015 a las 08:48
El Tribunal Supremo confirmó este martes el archivo por prescripción de las diligencias por presunto cohecho abiertas contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero autonómico de Obras Públicas de esa comunidad, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, en relación con el pago por parte de una empresa, en agosto de 2010, de una estancia en un balneario de Oviedo a ambos políticos, que entonces eran presidente y portavoz del PP cántabro así como diputados autonómicos.

La Sala Segunda de lo Penal señaló que en la exposición razonada enviada al Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, instructora del llamado 'caso Pokemon', "no se aporta indicio alguno que sustente que el pago del hotel se realizó en consideración a la condición de diputados de los investigados", lo que exigía el tipo penal en el momento en que ocurrieron los hechos para un cohecho no vinculado a un concreto acto u omisión de un cargo público, sobre lo que tampoco existen indicios en el caso.

"En cualquier caso -añade el auto-, descartando la aplicación de los preceptos relativos al cohecho vinculados a un concreto acto administrativo y admitiendo hipotéticamente que existieran indicios de la comisión del delito del artículo 426 del Código Penal (referido a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función), nos encontramos con que el mismo estaría prescrito". En referencia al cohecho pasivo impropio.

El auto de la sala, cuyo ponente fue el presidente Manuel Marchena, argumentó que ese delito prescribía a los tres años, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupción de la prescripción en la fecha de la exposición razonada de la juez de Lugo (noviembre de 2014), habrían transcurrido más de tres años desde los hechos (agosto de 2010). Un argumento también defendido por la Fiscalía. No obstante, si la consideración del cohecho hubiera sido otra, el tipo penal seguiría vigente.

Según la exposición razonada remitida por el Juzgado de Lugo, la empresa Aquagest, con "relevantes" intereses en Cantabria, desarrollaba presuntamente una política empresarial, según la cual sobornaba a autoridades políticas y funcionarios, con el objetivo de lograr adjudicaciones de las Administraciones Públicas.

Una de sus prácticas consistía en agasajar a los mismos con regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo, como el hotel 'Las Caldas Villa Termal', ubicado en Asturias.

En ese contexto, la compañía abonó 628 euros por la estancia en ese hotel de lujo del entonces presidente y portavoz del PP cántabro y diputados autonómicos desde el 13 hasta el 16 de agosto de 2010. El pago fue efectuado el 29 de agosto de aquel año. No obstante, para la sala "se desconoce (por falta de pruebas) si el pago se realizó en contraprestación a la realización u omisión de algún acto, o en consideración al cargo".
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