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Interior

La ONU arremete contra la 'ley mordaza' y el pacto antiyihadista

  • Naciones Unidas asegura que las iniciativas son "desproporcionadas" y abren la puerta a la "discrecionalidad" del Gobierno

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24/02/2015 a las 06:00
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  • Colpisa. Madrid
La ONU ataca la línea de flotación de las tres principales reformas legislativas en marcha del Ministerio del Interior: la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, el intento por legalizar las 'expulsiones en caliente' desde las vallas de Ceuta y Melilla incluido como apéndice de esa Ley Orgánica y la reforma del Código Penal derivada del pacto antiyihadista firmado por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el pasado 2 de febrero.

Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas firmaron este lunes un memorando en el que aseguran que esas dos reformas impulsadas por el titular de Interior, Jorge Fernández, directamente "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos", por lo que piden a las autoridades españolas que paralicen la tramitación legislativa de ambos proyectos que actualmente se encuentran en trámite de enmiendas en el Senado, con lo que presumiblemente entrarán en vigor antes de verano.

El comunicado está firmado por los relatores especiales Maina Kiai (derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación), David Kaye (derecho a la libertad de opinión y de expresión), Ben Emmerson (derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo) y Michel Forst,
(defensores de los derechos humanos).

"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", apunta ese documento de trabajo, en la parte referida a la "ley mordaza" y en clara alusión a las multitudinarias manifestaciones de 'indignados' que precedieron el proyecto de reforma del Gobierno.

"El texto del proyecto de ley -apuntan los relatores- incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades". En particular, Naciones Unidas se queja de que el texto que se tramita en la cámara alta trata como "circunstancia agravante" el hecho de que algunos delitos pudieran ser cometidos en el "contexto de una reunión numerosa". Según la ONU, en realidad esta nueva redacción lo que persigue es coartar el derecho de reunión o manifestación. "Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de circunstancias agravantes para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones", denuncia el escrito. "Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica", señalan los expertos independientes de Naciones Unidas.

Muy duros se muestran los expertos del organismo internacional por el endurecimiento (prisión o multas) a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público. Aseguran que la ambigüedad de ese texto podría servir para "criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".

La ONU no se anda con medias tintas: "La llamada 'ley mordaza' vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental y limita marcadamente su ejercicio". "El proyecto restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España".

CEUTA Y MELILLA

Las críticas son igualmente intensas a la adenda que in extremis introdujo el Gobierno a esa legislación de seguridad ciudadana para dar supuesta cobertura legal a las deportaciones exprés de inmigrantes en las vallas de las ciudades autónomas. "Las disposiciones de dicho proyecto de ley relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos", afirma la ONU, para quien este tipo de repatriaciones sumarias que sigue defendiendo Interior choca abiertamente "con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".

Tampoco tiene el visto bueno de la ONU, precisamente, la nueva definición del terrorismo que se va a hacer en el Código Penal a raíz del pacto antiyihadista y que busca poder castigar con más dureza la captación de muyahidines en las redes sociales, el autoadoctrinamiento a través de internet o el fenómeno de los 'lobos solitarios'. Para los relatores, la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la "criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo" son "excesivamente amplias e imprecisas". Afirman que la actual redacción "podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo" e, incluso, llevar "a restricciones desproporcionadas el ejercicio de la libertad de expresión".
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