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Reforma Laboral

El Constitucional avala los aspectos clave de la reforma laboral

La sentencia, por nueve votos a tres, considera que la reforma da "más certidumbre y objetividad" a los ERE al eliminar "pruebas diabólicas" También respalda que el empresario pueda modificar las condiciones de trabajo unilateralmente

  • Colpisa. Madrid
Publicado el 03/02/2015 a las 06:00
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso contra la reforma laboral presentado por los grupos parlamentarios del PSOE y La Izquierda Plural sin aceptar ni uno solo de los motivos expuestos en el recurso.

Por nueve votos frente a tres, el Constitucional avala la reforma laboral en aspectos cruciales como las causas para un despido colectivo o el cambio de las condiciones de trabajo por decisión unilateral de la empresa, lo que supone un respaldo definitivo a su aplicación.

La reforma laboral de 2012 suprimió la prueba de concurrencia de la causa del despido colectivo y la acreditación de su razonabilidad porque eran "de imposible prueba", según el legislador, y habían dado lugar a que "los tribunales realizasen juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa".

De hecho, muchos jueces tumbaron expedientes de despido colectivo al entender que no estaban justificados y las patronales venían exigiendo que se pusieran límites a la interpretación de los jueces. La norma permite al empresario a despedir por "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", entendiendo por causas económicas la existencia de pérdidas actuales o futuras o la disminución persistente de su nivel de ingresos -se considera, en todo caso, que esto ocurre si durante tres trimestres consecutivos son inferiores a los del mismo periodo del año anterior-.

Para el resto de causas no hay elementos concretos exigidos. El pleno del Alto Tribunal considera que suprimir la acreditación de la razonabilidad de la medida y la concurrencia de la causa "no introduce una mayor discrecionalidad empresarial sino que suprime espacios de incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma" (...) "que podían llegar a exigir una prueba diabólica" como demostrar que el despido servía para prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar su posición competitiva.

La sentencia recuerda que se "impone al empresario un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en el que debe entregarles una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y toda la información necesaria para acreditar las causas". Según la sentencia, se "dota a la definición de las causas extintivas de una mayor objetividad y certidumbre", lo que permite un "control efectivo" por el órgano judicial.


Otro elemento clave de la reforma laboral que también ha sido respaldado por la mayoría de nueve magistrados del Pleno del TC es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por decisión del empresario si no se ha llegado a un acuerdo previamente con los representantes de los trabajadores. Esta capacidad de modificación unilateral por el empresario afecta a los acuerdos extratutarios o de eficacia limitada (carecen de eficacia general y solo producen efectos entre las partes que los otorgan) y la reforma laboral lo justifica para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo permitiendo la reorganizaciòn productiva.

El Tribunal Constitucional sentencia que no se vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, como alegaban los recurrentes, porque la limitación del derecho a la negociación colectiva persigue la finalidad de "procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción". Además, explica la sentencia, el ejercicio de la facultad empresarial de modificación unilateral de las condiciones de trabajo "se concibe únicamente como alternativa al fracaso de la negociación previa" y se establecen otras condiciones, como que el empresario solo podrá adoptar la decisión discrecional cuando concurran "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción", o que la decisión empresarial "queda sujeta, en todo caso, al control judicial".


Tampoco la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial es inconstitucional, según la sentencia. Este tema ya fue enjuiciado en su sentencia anterior de 2014 sobre la reforma laboral. El tribunal recuerda que la negociación descentralizada fue apoyada en la reforma de 2011 e incluso en el Acuerdo marco de Negociación Colectiva 2012-2014 firmado por los agentes sociales. La sentencia rechaza que se vulnere el artículo de la Constitución que consagra el derecho a la negociación colectiva, porque ese derecho no está reservado en exclusiva a los sindicatos.


Hay un voto particular formulado por el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se han adherido la vicepresidenta Adela Asua y el magistrado Luis Ignacio Ortega, que defiende la inconstitucionalidad de los artículos que permiten la modificación unilateral por el empresario de las condiciones de trabajo, la redefinición de las causas que habilitan al empresario a adoptar medidas de despido colectivo, la supresión de los salarios de tramitación si una vez declarado judicialmente el despido como improcedente, el empresario opta por abonar la indemnización en lugar de readmitir al trabajador, o la prohibición de que las administraciones públicas puedan realizar suspensiones de contrato o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas u organizativas.
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