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Congreso de los Diputados

​El PP aparca la regulación de los cargos públicos aforados

  • El Gobierno saca adelante con CiU, PNV y CC la ley que obliga a hacer declaración de bienes al inicio y al final del mandato

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15/01/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El estatuto del alto cargo, uno de los tres bloques legislativos con los que Mariano Rajoy pretende convencer a los ciudadanos de que el PP se ha puesto las pilas en la lucha contra la corrupción antes de que empiecen las sucesivas campañas electorales de este año, tiene ya la luz verde del Congreso. La ley, que entre otras cosas introduce criterios de idoneidad para desempeñar un cargo de responsabilidad en la Administración salió este miércoles adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares, pero contó también con el respaldo de las fuerzas nacionalistas, CiU, PNV y Coalición Canaria.

El resto de fuerzas parlamentarias, incluido el PSOE, votaron en contra al considerar que el texto planteado por el Ejecutivo se queda corto. En su mayoría pretendían, por ejemplo, que se aprovechara para limitar los aforamientos de autoridades y cargos públicos, algo que se comprometió a hacer el propio Rajoy el pasado verano en una sesión de control al Gobierno. Los populares aseguran que el compromiso sigue en pie y, de hecho, durante el debate se comprometieron por escrito a hacerlo "en el momento que sea posible". Pero alegan que esta no era la norma para hacerlo.

Relegado queda también otro asunto controvertido: la estipulación del momento exacto en el que un cargo investigado por corrupción debe presentar la renuncia.

Los socialistas creen que lo lógico es que la dimisión se produzca si hay juicio oral, aunque en su día prometieron exigir el acta a los parlamentarios que resulten imputados en el caso de los ERE, e Izquierda Plural sostiene que eso es lo adecuado, que la mera imputación baste. Amparado en la falta de acuerdo, el PP propuso dejar el asunto para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería llegar a la cámara en febrero.

El estatuto, que ahora continuará su tramitación en el Senado -como ocurrirá con el resto del paquete anticorrupción, la reforma del Código Penal y la de la ley de financiación de partidos, una vez se apruebe en el pleno de la semana que viene- sí establece en cambio unos criterios para poder ser nombrado alto cargo, como la honorabilidad, la formación y la experiencia previa.

INDEMNIZACIONES

El portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, hizo hincapié en que ese honorabilidad se considerará perdida en el caso de que exista una condena por sentencia firme a pena privativa de libertad y delitos especialmente graves o una sanción por vulneración de la Ley de Transparencia. También subrayó que la norma limita los supuestos de indemnización al cese y hace incompatible el cobro de indemnizaciones con retribuciones, públicas, privadas o de jubilación, y que restringe los gastos de representación y el uso de los vehículos oficiales.

La ley, sin competencias sobre las comunidades autónomas -de no ser así no habría contado con el apoyo de CiU y PNV-, obliga igualmente a presentar una declaración de actividades y otra de bienes y derechos al inicio y al final del mandato, y considera, además, "interés personal" no sólo el del propio alto cargo sino también el de familiares "hasta cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad". "Contiene el criterio que habría impedido a Tania Sánchez actuar como actuó en el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid", atizó el diputado del PP.

Al grueso de la oposición le habría gustado, sin embargo, que también entrara en la regulación de los 'lobbies', que ampliara el plazo de incompatibilidad tras el cese (ahora dos años) o que prohibiera las 'puertas giratorias'. En todo caso, desde el primer momento se mostraron reacios a un pacto con el partido de 'la Gürtel'.

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