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Congreso de los Diputados

​Los nuevos controles a los partidos pasan su examen en comisión

  • Tras el debate de este miércoles, el proyecto de ley de control financiero de los partidos políticos será remitido al pleno del Congreso

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Actualizada 14/01/2015 a las 17:21
  • efe. madrid
La ley que regulará el control financiero de los partidos políticos y aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción ha pasado este miércoles el examen de la Comisión Constitucional del Congreso gracias a los votos a favor de PP, CiU y el PNV y la abstención del PSOE, la Izquierda Plural y UPyD.

En la misma sesión, la Comisión Constitucional ha dado su visto bueno, también con el apoyo de PP, CiU y PNV pero en este caso con el voto en contra de socialistas e IU, al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que ahora se remite al Senado.

Tras el debate en comisión, el proyecto de ley orgánica de control financiero de los partidos políticos será remitido al pleno del Congreso de la semana que viene para su aprobación después de intensas jornadas de trabajo en las que los grupos parlamentarios han negociado las nuevas medidas para prevenir la corrupción en el ámbito de los partidos políticos.

La norma consolida el recorte del 40 por ciento de las ayudas públicas a los partidos de los últimos años y añade una reducción del 20 por ciento de las subvenciones para envíos de propaganda electoral, prohíbe las donaciones de empresas y fija en 50.000 euros la cantidad máxima que pueden recibir de una persona física.

En lo que todos han coincidido es en valorar el esfuerzo de los grupos parlamentarios para dar respuesta a la desafección de la sociedad hacia la clase política y el talante del representante del PP en la materia, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha subrayado que este proyecto nació del impulso del Gobierno, pero también de los ciudadanos, "que tenían razón en sus demandas".

"No podemos cambiar el pasado, pero si podemos legislar frente a determinados comportamientos para que no vuelvan a reproducirse", ha dicho Bermúdez.

A pesar de su abstención, el diputado socialista José Enrique Serrano ha puesto en valor las nuevas limitaciones a la financiación privada de los partidos como una respuesta a esa desafección por la corrupción política.

Otra de las medidas que ha valorado es que se incluyan plazos máximos para la constitución de una formación política y para la renovación de sus cargos, y que se reconozca expresamente la posibilidad de que los dirigentes sean elegidos por elección de todos sus afiliados, aumentando así los derechos de éstos.

"Es una ley que, obviamente, enfoca el hoy para el mañana, no mira hacia atrás", ha dicho, coincidiendo con Bermúdez de Castro y con su argumento de que hará más difícil que se reproduzcan comportamientos corruptos como los conocidos en fechas recientes.

Ambos han resaltado también la importancia de que se hayan mejorado los mecanismos de democracia directa, al contemplar que los promotores de una iniciativa legislativa popular puedan comparecer en el Congreso antes de su toma en consideración.

También Ricardo Sixto de la Izquierda Plural ha valorado el "buen trabajo" de los grupos políticos y, aunque no se ha opuesto al recorte de subvenciones, sí ha recordado que su grupo es partidario de una financiación "eminentemente pública".

El PNV ha dado su apoyo a este proyecto de ley, aunque, como ERC -que ha votado en contra-, ha aprovechado para solicitar también que se aborde la devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos durante la Guerra Civil.

En cualquier caso, el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha considerado necesarios los controles a los partidos: "No vamos a escurrir el bulto".

También CiU ha votado a favor después de que la diputada Montserrat Surroca haya elogiado el esfuerzo de consenso que ha hecho el PP.

Por contra, UPyD ha criticado que se imponga un sistema en el que prima la financiación pública y el diputado Carlos Martínez Gorriarán ha apostado un sistema mixto.

El popular Bermúdez de Castro ha destacado la importancia de esta ley, incluida en el plan de regeneración y lucha contra la corrupción, y ha defendido que la solución a los problemas pasa por "reformar lo que funciona para que funcione mejor y corregir los defectos y desviaciones" frente a quienes con sus "mensajes populistas" persiguen la "deslegitimación del sistema" para "alcanzar e poder.
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