La
Audiencia Nacional decretó este lunes el sobreseimiento libre y archivo de la
causa de los 'vuelos de la CIA' en España, al
rechazar el recurso de los querellantes contra la decisión del juez de
no imputar finalmente a los cuatro exaltos cargos del Ministerio de Defensa, Exteriores y Presidencia.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, con el voto particular de uno de los tres magistrados, consideró que
no existen indicios contra Miguel Aguirre de Cárcer, Javier Jiménez-Ugarte, Miguel Andas Segalá y Ramón Gil-Casares, que fueron querellados como cooperadores de de los delitos de detención ilegal y torturas.
El pasado septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivó la investigación que abrió en 2006 sobre la
escala que hizo en Palma, el 22 de enero de 2004, un avión de la CIA que iba a traslasar desde Macedonia a Afganistán al detenido Khaled El Masri, al no lograr identificar a los tripulantes de ese vuelo. Un caso desvelado por Diario de Mallorca.
El magistrado adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía, pese a que reclamó la identificación de los tripulantes del vuelo tras "aparece indiciariamente acreditado que la tripulación que transportó al ciudadano alemán de origen sirio que declaró haber sufrido torturas, hizo escala en Palma, y que la identidad real de los tripulantes de dicho vuelo fue enmascarada con documentación ad hoc".
Por ello, añadió en su auto, no consta que las verdaderas personas que iban en ese vuelo "tuvieran autorización de las autoridades españolas para operar en nuestro país con esas identidades supuestas". Sin embargo, la sala rechazó esta diligencia reclamada por el juez y los querellantes, Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y dicta el archivo definitivo de la causa.
El juez discrepante ha sido José Ricardo de Prada, que considera que las torturas presuntamente cometidas en estos desplazamientos marcaron "un indudable retroceso en nuestra civilización". Añade que "no se han practicado las diligencias mínimas imprescindibles para la investigación de los hechos" y que el cierre resulta "prematuro y arbitrario" y "en falso". "Se incumplen gravemente las obligaciones que tiene contraídas nuestro país en relación con hechos de gran gravedad", agregó el magistrado frente al criterio de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, y del ponente Enrique López.
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