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LEGISLACIÓN

La banca tendrá que avisar también a los autónomos si les va a cortar el crédito

  • La Comisión de Economía del Congreso suaviza las restricciones en la financiación a través del crowfunding

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08/01/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
La banca tendrá también que avisar con una antelación mínima de tres eses a los autónomos o micropymes a los que piense cerrar o reducir el grifo del crédito, según una de las ocho enmiendas transaccionales aprobadas en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que dio luz verde con competencia legislativa plena al proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. Se trata de una norma que pretende mejorar el acceso de la pequeña y mediana empresa al crédito pero también que obtengan recursos por otras vías y reduzcan su dependencia de los bancos. España es uno de los países con un mayor peso de la financiación bancaria en las pymes, ya que representa más del 90% mientras que en los países anglosajones apenas alcanza el 15% y el resto procede de inversores ya sean de capital riesgo u otros. La norma pasará ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. El proyecto introduce importantes novedades para las pymes y regula por primera vez el 'crowfunding' -sistema basado en plataformas electrónicas para la financiación participativa de proyectos-. Estos son los principales aspectos y las modificaciones aprobadas en el Congreso:

Preaviso de tres meses a pymes, micropymes y autónomos. El proyecto de ley establecía que los bancos deberán avisar con una antelación de tres meses a las pymes a las que vaya a reducir la financiación al menos en un 35% con el objetivo de que puedan buscar vías alternativas para obtener esos recursos. Una enmienda transaccional del grupo popular con UPyD, CiU y PSOE, incorpora expresamente en el texto que también las microempresas y los autónomos tienen derecho a ese preaviso.

Historial gratis. Además de ese preaviso, las pymes y autónomos cuya financiación caya a ser cancelada o notablemente reducida podrán obtener de la entidad crediticia información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia de forma gratuita y en sólo diez días con el objetivo de que puedan buscar financiación por otras vías. Una transaccional del PP, PSOE y CiU incluye también que el banco deberá informar sobre los seguros asociados al préstamo. De esta forma, el empresario podrá solicitar la cancelación de esos préstamos si se le cancela el crédito.

Menos límites en el crowfunding. España es uno de los primeros países que regula el 'crowfunding', algo que ya han hecho Estados Unidos o Reino Unido. La tramitación del proyecto de ley en el Congreso ha introducido varias modificaciones al texto remitido por el Gobierno, como la elevación del tope de dos millones de euros de importe máximo de captación de fondos por proyecto. Ese tope se eleva a cinco millones cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados. Se considerarán inversores acreditados a los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: tener un activo igual o superior al millón de euros, que su cifra anual de negocios sea igual o superior a los dos millones de euros o que sus recursos propios alcancen al menos los 300.000 euros. También se entenderán acreditadas las personas físicas con ingresos anuales superiores a los 50.000 euros o un patrimonio financiero superior a los 100.000 euros y soliciten expresamente ser consideradas como tales.

Además, una transaccional entre el PP y CiU permitirá considerar inversor acreditado a las personas físicas o jurídicas que, sin cumplir las condiciones anteriores, acrediten la contratación de un servicio de asesoramiento financiero autorizado.

La diferencia entre ser considerado un inversor acreditado o no es que los primeros no tienen límites a su inversión particular mientras que los no acreditados sólo podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales en una misma plataforma y no más de 3.000 por proyecto. Además, deberán firmar de su puño y letra el consentimiento tras ser advertidos de los riesgos de la inversión.

Otro cambio introducido ayer es que sólo se prohíbe aplicar mecanismos automáticos de asignación de inversión a los inversores no acreditados. Esos mecanismos consisten en que la plataforma realiza un cuestionario sobre las preferencias del posible inversor y, en función de ellas, asigna automáticamente el proyecto. También se ha levantado la mano para que los proyectos basados en préstamos puedan garantizarse con la vivienda o terrenos del promotor, siempre que no se trate de la vivienda habitual.

También se permite que los proyectos de crowfunding puedan superar el límite de financiación establecido inicialmente si les llega más dinero y siempre que los inversores estuvieran avisados previamente de que podría ampliarse. Pero no podrán exceder de los topes de 2 o 5 millones fijados. Este proyecto de ley "forma parte de un cambio de cultura financiera", según explica José López Garrido, ponente del grupo popular para esta ley, y destaca que ha contado con el apoyo de varios grupos parlamentarios como CiU, PNV o UPyD. Garrido recuerda que durante la crisis a muchas pymes "se les cerró el grifo del crédito de la noche a la mañana, incluso sin haber incumplido nada se encontraron con que su línea de descuento de refinanciación se les cerraba". Respecto a las críticas de que la norma es "insuficiente", el diputado popular defiende que se trata de una ley "prudente".
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