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Operación "Pretoria"

El fiscal pide 14 años de cárcel para dos hombres de confianza de Pujol

  • Anticorrupción reclama para los once procesados de la 'operación Pretoria' más de 93 millones en multas

El fiscal pide 14 de cárcel para dos hombres de confianza de Pujol

Lluis Prenafeta (i), secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol entre 1980 y 1990, y Bartomeu Muñoz, exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Efe
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Actualizada 30/12/2014 a las 12:58
  • Colpisa. Madrid
Los dos hombres de máxima confianza durante años del expresidente Jordi Pujol se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de penas que suman casi catorce años de cárcel por dirigir, entre otros, la 'red Pretoria', una trama de 'pelotazos' urbanísticos en los ayuntamientos catalanes de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres que entre 2000 y 2009 defraudó no menos de 45 millones de euros.

La Fiscalía reclama para el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Idéntica pena y delitos que para Macià Alavedra, el hombre que lo fue todo en los gobiernos de Pujol, consejero de Industria, de Gobernación y de Economía y Finanzas.

Para el primero de los exaltos cargos de CiU a los que el juez Pablo Ruz decidió el pasado 18 de diciembre sentar en el banquillo la Fiscalía Anticorrupción pide además una multa de 13,7 millones de euros, más la incautación de las ganancias ilegales obtenidas con los delitos, que ascienden a 5,8 millones. La multa de Alavedra es de 10,3 millones de euros y un decomiso de 3,2 millones más.

Las peticiones de sanciones por parte del Ministerio Público son altísimas. Para los once procesados, incluidos Prenafeta y Alavedra, ascienden a 93,7 millones de euros. Las multas más altas corresponden al supuesto cabecilla de la red corrrupta, el exdiputado autonómico socialista Luis García, 'Luigi', que se enfrenta a una sanción de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones. Eso, además de una pena de prisión de ocho años.

El también socialista Bartomeu Muñoz, exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, se sentará en el banquillo con una petición de seis años y diez meses de cárcel, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones de euros. El último de los políticos implicados en la trama, el exedil de Urbanismo en Santa Coloma Manuel Dobarco se enfrentará una petición de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros.

Para Anticorrupción no cabe duda que los dos hombres fuertes en los gobiernos de Jordi Pujol usaron precisamente su "estrecha relación personal" con el expresidente, quien gobernó Cataluña desde 1980 hasta 2003, para poner en marcha una red de cobro de comisiones en los ayuntamientos Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres. Prenafeta y Alavedra, entiende la Fiscalía, usaron su cercanía a Pujol para presionar a "determinados cargos públicos de Cataluña" a fin de que amañaran adjudicaciones urbanísticas en los tres municipios afectados.

"SIN JUSTIFICACIÓN"

Ambos, relata el escrito, ocultaron a Hacienda esas millonarias 'mordidas' con la ayuda de sus mujeres y "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' (paraísos fiscales) y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas".

Los once procesados, según Anticorrupción, obtuvieron de los negocios en los tres municipios "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial".

El juez Ruz, en su auto de apertura de juicio oral, relató el 'modus operandi' de la trama, que prácticamente hace suyo la Fiscalía. Primero, los miembros de la red adjudicaban terrenos municipales a una empresa amiga. Más tarde, tras asegurarse que los terrenos adquiridos iban a sufrir una considerable revalorización, se hacían con su totalidad a través de empresas instrumentales.

Por último, recalificaban los terrenos y los vendían a un precio superior. Un ejemplo fue la "operación Pallaresa" en Santa Coloma, en la que el juez consideraba que Bartomeu Muñoz, "abusando" de su cargo como máxima autoridad de esta localidad, permitió que Luis García "dirigiera y de hecho tomara las decisiones" relevantes de este proyecto urbanístico que luego el alcalde asumió como propias a cambio de comisiones.
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