La defensa de la
infanta Cristina ha pagado los
587.413,58 euros de
responsabilidad civil a título
lucrativo que solicita para ella la
Fiscalía en el
caso Nóos ante el Juzgado de Instrucción número 3 de
Palma que lleva la causa.
La procuradora de la
infanta Cristina ha presentado un escrito ante el
juzgado, comunicando el ingreso en la cuenta judicial de dicho juzgado de la cuantía en concepto de "consignación ad cautelam de la
responsabilidad civil exigida", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares.
La cantidad es lo solicitado por el fiscal de Anticorrupción
Pedro Horrach en su escrito de acusación, como beneficiaria a
título lucrativo.
Se trata de la mitad de los
fondos que, según
Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa
Aizoon, propiedad de la
infanta Cristina y su esposo,
Iñaki Urdangarin, al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales.
El
fiscal Horrach considera que
Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el
origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría
Aizoon, "se benefició" porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.
El fiscal, en cambio, ha solicitado al juez de
Palma de Mallorca que instruye el caso,
José Castro, que no lleve a juicio a la
infanta Cristina, porque no hay indicios para acusarla.
Horrach sostiene que
Urdangarin defraudó a
Hacienda 182.005 euros de
IRPF en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando
Aizoon como sociedad pantalla interpuesta.
Además, la empresa ingresó 837.638 euros de origen ilícito procedentes de la apropiación de caudales públicos desde el
Instituto Nóos.
Las tres cantidades se usaron en
gastos de carácter personal y familiar que repercutieron en beneficio de los dos socios, por lo que la responsabilidad de la
infanta alcanza un 50 % de su suma.
Por su parte, la
Abogacía del Estado reclama a la infanta una
responsabilidad civil a título lucrativo de 168.571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por
Urdangarin a
Hacienda.
Según lo solicitado tanto por la
Fiscalía como por la
Abogacía del Estado, la infanta podría ser condenada a pagar esa responsabilidad civil en caso de que
Urdangarin fuera condenado en el juicio del
caso Nóos.
El despacho de
Miquel Roca ha solicitado al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra la
infanta Cristina en el
caso Nóos al haberlo pedido explícitamente la
Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla la Abogacía del Estado, ni ninguna otra acusación particular.
Para el
duque de Palma, la acusación pública solicita una pena de 19,5 años de cárcel y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de
corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
Para su exsocio
Diego Torres el fiscal pide 14,5 años de cárcel, mientras que para su esposa,
Ana María Tejeiro, solicita 2 años de prisión por blanqueo y que devuelva 1.144.240 euros.
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