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RESUMEN 2014

Los casos de corrupción emponzoñan un año más la vida política

  • Entre las causas judiciales se encuentran los casos Nóos, Gürtel, los ERE de Andalucía, la familia Pujol y la operación Púnica

Iñaki Urdangarín a su llegada a los Juzgados de Barcelona

Iñaki Urdangarin, a su llegada a los Juzgados de Barcelona

AFP
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Actualizada 10/12/2014 a las 17:56
  • EFE. Madrid
Las causas judiciales sobre corrupción han vuelto un año más a emponzoñar la vida política con casos como el de Gürtel, que ha provocado la dimisión como ministra de Ana Mato, y el de los ERE de Andalucía, con la apertura de una causa en el Supremo a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, y a los que se han sumado otros como la Púnica o los que afectan a los Pujol.

EL CASO NÓOS

Entre estas causas, que implican a políticos, sigue de actualidad el caso Nóos, que comenzó en 2010 con la investigación a Iñaki Urdangarin, y que ahora está pendiente de que el juez José Castro decida si incluye en un futuro juicio a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en el delito fiscal cometido por su marido, al estar solo acusada por Manos Limpias y no por la Fiscalía.

Por el momento, la Fiscalía ha solicitado una pena de diecinueve años y seis meses -y una multa de 3,5 millones de euros- para Urdangarin, mientras que solicita el archivo de la causa en lo que se refiere a la infanta a la que, no obstante, considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

EL CASO GÜRTEL

El caso Gürtel, tras casi seis años de instrucción, encara también la recta final de una de sus piezas separadas -la de los primeros años de la trama (1999-2005)- con la propuesta del juez Pablo Ruz de juzgar a 43 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP, Luis Bárcenas (que lleva año y medio en prisión preventiva), Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.

En esa resolución, el juez incluyó a la exministra de Sanidad Ana Mato en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo en los regalos que la trama Gürtel hizo a su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, también imputado en esa pieza.

Esa decisión provocó un terremoto en el PP y en el Ejecutivo, ya que se producía 24 horas antes de que Mariano Rajoy expusiera en el Congreso sus medidas para combatir la corrupción, por lo que finalmente Mato dimitió para no perjudicar al presidente del Gobierno.

El futuro del juez Ruz ha sido también objeto de polémica en torno a este asunto, ya que la plaza que ocupa en comisión de servicio ha salido a concurso. No obstante, podrá seguir instruyendo los casos Gürtel y Bárcenas, al menos hasta el mes de marzo.

EL CASO ERE

Los que también se han visto este año en la cuerda floja, aunque aún mantienen sus escaños, han sido los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, actualmente diputado y senador ante las Cortes, respectivamente.

En noviembre, el Supremo aceptaba hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco aforados, entre ellos Chaves y Griñán, quienes por el momento no han sido llamados a declarar como imputados.

Mientras el Supremo asumía esa parte, la juez de Sevilla Mercedes Alaya conservaba el resto, continuando con una instrucción que se prolonga ya tres años y que ha llevado a la Fiscalía a pedirle mayor agilidad, al entender que algunas piezas están tan avanzadas que podría haber juicios en 2015.

LA FAMILIA PUJOL

Los Pujol, pese a estar desde hace tiempo en el punto de mira de la Justicia, entraron de lleno este verano en el panorama judicial con el comunicado que difundió el 25 de julio el expresidente catalán Jordi Pujol, confesando la ocultación de una fortuna en el extranjero, que vinculó a una herencia de su padre, de la que habrían sido beneficiarios él, su mujer y sus siete hijos.

El comunicado precedía en pocos días a la decisión del juez Ruz de llamar a declarar por primera vez como imputado a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y a la exmujer de este, Mercé Gironés, en el marco de la investigación abierta en enero de 2013 con la denuncia de su exnovia Victoria Álvarez, acusándole de viajar a Andorra con mochilas repletas de billetes.

Además, la titular del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona admitía a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Pujol y le reclamaba -como primeras diligencias- el testamento de su padre y la aceptación de la herencia por su parte y por la de su mujer Marta Ferrusola.

En el curso de esa investigación, un informe de la Banca Privada de Andorra desvelaba que Marta Ferrusola y sus hijas Marta y Mireia extrajeron 227.000 euros de sus cuentas entre 2011 y 2014, antes de que la familia transfiriera 3,1 millones a una entidad financiera española para regularizar su fortuna oculta.

El cerco judicial a los Pujol alcanzó posteriormente al hijo menor, Oleguer, al abrirle el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una investigación por la compra de un hotel de Canarias, valorado en ocho millones de euros, con dinero de origen desconocido procedente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

A la apertura de esta causa se sumaba después una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que llevó a la detención temporal, el pasado 23 de octubre, del hijo menor del expresidente durante las siete horas que duró el registro en su domicilio de Barcelona.

Con esta diligencia, Pedraz trataba de obtener pruebas sobre siete operaciones inmobiliarias sospechosas realizadas a través de distintas sociedades vinculadas a Oleguer, entre ellas la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades y operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

LA OPERACIÓN PÚNICA

Otro entramado de empresas al servicio, esta vez, de la corrupción a nivel municipal y regional, saltaba este año por los aires con la operación Púnica (de Púnica Granatum), bautizada así en honor al considerado cabecilla de esta red, el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados, al que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión el pasado 31 de octubre junto a otros seis de los 35 detenidos por estos hechos, entre ellos su amigo y socio David Marjaliza; el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP) y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP).
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