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Caso Nóos

Doña Cristina acepta pagar 600.000 euros para librarse del banquillo

  • El fiscal se lanza a la defensa sin tapujos de la duquesa y exige a Castro que la saque del proceso con la doctrina Botín

La infanta Cristina

La infanta Cristina

AFP
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10/12/2014 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
La tinta del extenso escrito de acusación del fiscal estaba aún húmeda cuando Miquel Roca, el abogado de Cristina de Borbón, anunció que, después de meses negando que su cliente se hubiera enriquecido con los negocios ilícitos y fraudes de su marido, la hermana del Rey aceptaba pagar los 587.413 euros de responsabilidad civil que le reclama Anticorrupción por ser responsable "a título lucrativo" de los delitos fiscales en 2007 y 2008 de Iñaki Urdangarin.

Una maniobra, según admitió sin ambages el propio Roca, encaminada no tanto a reparar el daño, como exige la ley para buscar eximentes, sino a evitar que su cliente se libre del banquillo. Y eso -entiende el letrado- porque el pago de esa cantidad "deja extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal". Algo que, ni mucho menos, queda claro, porque el anuncio de que la hermana de Felipe VI se aviene a restituir -en su nombre y en el de su marido- el dinero que Hacienda dejó de ingresar más la correspondiente multa no convence a la acusación popular. Aunque ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado -representante de Hacienda- le imputan delito penal alguno, Manos Limpias sí que reclama ocho años de cárcel a la duquesa como cooperadora necesaria (no solo beneficiaria) de los dos delitos fiscales de su cónyuge. Y el sindicato no está dispuesto a dar su mano a torcer, más allá de rebajar un máximo de dos años a la infanta por haber intentado reparar el daño, aunque sea de forma tardía.

La Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF de Iñaki Urdagarin en 2007 y 155.138 euros en 2008 porque el imputado no declaró sus trabajos personales de asesoría a multinacionales, sino que los tributó a través de Aizoon, la empresa que comparte con la infanta, para lograr un tipo impositivo mucho menor.

El futuro procesal de la hija de don Juan Carlos, por tanto, estará en manos del juez José Castro, quien pretende dictar el auto de apertura de juicio oral antes de finales de este año. En ese documento, que solo es recurrible por las acusaciones y no por los imputados, el magistrado decidirá si considera que el pago de esos 587.413 euros -que según Roca la todavía imputada pagará con unas "pólizas" que tiene hace "mucho tiempo"- es suficiente para eximir a la infanta del banquillo o si, por el contrario, la mantiene como imputada con la única acusación de Manos Limpias y descartando, por ende, la aplicación de la denominada 'doctrina Botín'.

AHÍNCO

Esta última decisión, la de que la hermana del Rey se siente en el banquillo, parece la más probable a la vista del ahínco de Castro por acusar a la infanta. Sin embargo, Roca dio por hecho que el instructor sacará a su cliente basándose en esa doctrina, según la cual una persona no puede ser imputada por delitos fiscales si los dos 'perjudicados' de esos ilícitos (Hacienda y la Fiscalía) no acusan por no ver fraude alguno y no sentirse víctimas. "Supongo que se va a respetar lo que dice la ley y lo que la doctrina establece, por lo que corresponde exonerar de toda responsabilidad penal a la infanta", apuntó el letrado de la duquesa.

Miquel Roca, en su intento de ahorrar a toda costa el banquillo a la hermana del jefe del Estado, tuvo un aliado de lujo, Pedro Horrach. El fiscal, aprovechando su escrito de acusación, presentó el martes dos anexos que bien pudiera haber firmado el propio Roca. Reclama, por un lado, el inmediato archivo de la causa contra la infanta por no haber la más "mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" contra ella y, por otro, que Castro le aplique la doctrina Botín.

"No es sostenible, por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica que, en las mismas circunstancias procesales, un ciudadano sometido a los tribunales de Vizcaya no se exponga al juicio oral y uno sometido a un juzgado o tribunal de Baleares no solo se le abra juicio oral sino que además pueda ser condenado", argumentó Horrach, que trae a colación una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (marzo de 2014) en la que no se dejó a la acusación particular sentar en el banquillo a un procesado al que no acusaban ni Hacienda ni la Fiscalía.

Horrach, que pidió que la doctrina Botín también se aplique a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Iñaki Urdangarin -Diego Torres-, en relación al delito fiscal, insistió en que Manos Limpias no puede en solitario llevar al banquillo a Cristina de Borbón. "Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado", apuntó Anticorrupción.

ATAQUES

Pero el fiscal, en su intento de exculpar a la infanta, fue mucho más allá de los argumentos jurídicos al incluir en sus 'anexos' ataques directos a la Audiencia Provincial de Palma, que hace un mes dio luz verde a mantener imputada a la infanta por los delitos fiscales.

Horrach, que tampoco ahorró críticas y puyas al propio Castro, llega a decir que la Audiencia hizo un "errático paseo interpretativo" al amparar las tesis del juez instructor para seguir acusando a la infanta porque, insiste, en los miles de folios del sumario no hay un solo "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de hija de don Juan Carlos en los delitos de su esposo.

"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer', que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", apuntó el Ministerio Público, que insistió en que la "falta de coherencia" al imputarle los dos fraudes le está llevando claramente a una "vulneración de la presunción de inocencia".
Selección DN+


  • Blanca de Navarra
    (10/12/14 15:53)
    #2

    Efectivamente la justicia no es igual para todos. El fiscal ¿también va a actuar como abogado defensor de la mujer del socio de Urdangarin? Porque creo que a ella le ha pedido 2 años. Nos podría explicar el fiscal (léase abogado defensor de Cristina) la diferencia entre una y otra?

    Responder

  • Columna
    (10/12/14 13:07)
    #1

    Como si le hubieran dicho que tenía que pagar 2.600.000€. La fammimlia lo paga y punto. PERO, le han traspasado el muerto a Iñaki Urdangarin, que veremos como termina. ¡Tiempo al tiempo! Y... la justicia NO ES IGUAL PARA TODOS

    Responder


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