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LEGISLACIÓN

La ley de transparencia echa a andar entre dudas y críticas de los expertos

  • Solo su aplicación, coinciden, aclarará si el consejo de control es independiente, si hay respuesta a las preguntas de los ciudadanos o si se sancionan los incumplimientos

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Actualizada 09/12/2014 a las 07:57
  • COLPISA. MADRID
El próximo miércoles 10 de diciembre echará a andar la ley de transparencia con la inauguración del portal informático del mismo nombre en el que se debe poder consultar toda la información económica, administrativa y política de todos los ministerios, las empresas públicas y los altos órganos del Estado y desde el que los ciudadanos podrán realizar peticiones adicionales de datos o documentos durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La puesta en marcha de este soporte, que incorpora a España a una obligación que sus socios de la UE tienen desde hace años, se produce sin embargo entre las dudas sobre su alcance real y las críticas por las carencias con las que ya parte de entrada de algunas de las principales organizaciones españolas especializadas en transparencia. Coinciden en que solo la aplicación afectiva de esta norma que aún no tiene siquiera concreción en un reglamento desvelará si el Gobierno y el resto de los organismos oficiales tienen la intención de abrir sus ventanas a los ciudadanos o solo hacer cumplimiento rácano del texto aprobado justo hace un año.

Las pegas y dudas de Transparencia Internacional, Fundación Civio o Acces Info Europe son similares y se centran en el Consejo la Transparencia -el órgano que vigilará el cumplimiento de la ley-, los límites al derecho de petición de información, la inconcreción de las sanciones por incumplimientos, o el grado de generosidad de la Administración en la aportación de los datos obligados.

El Consejo de la Transparencia, el órgano que deberá asegurar que todas las administraciones y organizaciones aportan la información que les reclama la ley, amparar a los ciudadanos a los que se les deniegan datos, proponer sanciones o emitir informes críticos y de mejora al Parlamento, en contra de los consejos de los expertos, depende del ministerio de Hacienda, tiene una presidenta que ha sido nombrada con la mayoría del PP y su consejo asesor carece de vocales de la sociedad civil. Parte así con muchas dudas que despejar sobre su independencia.

El apartado que medirá el grado real de transparencia al que están dispuestas las administraciones será no tanto la información que ofrezcan por obligación sino la que den o nieguen a demanda de los ciudadanos. Los expertos critican que ya se parte con problemas. Funciona con silencio negativo y sin obligación de argumentarlo. Si el plazo máximo de respuesta -un mes prorrogable a otro- se supera sin noticias debe entenderse como un rechazo. Los límites para denegar información, por su parte, se ven demasiado amplios y genéricos, dejan margen a la discrecionalidad. Además de las usuales restricciones de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, datos personales o secreto de las causas administrativas y judiciales hay otras, mucho más etéreas, como los daños a los intereses económicos o el medio ambiente, el secreto profesional o "el secreto requerido en procesos de tomas de decisiones".

BIENES OPACOS

Las organizaciones de la transparencia tampoco creen suficiente ni concreto el apartado disciplinario que solo habla de sanciones graves para quien incumple de forma reiterada sus obligaciones de respuesta a las demandas de información ni piensan que ayude a disipar la tradicional opacidad que los casi 21.000 organismos públicos deban desvelar los inmuebles de su propiedad pero no el resto de sus bienes.

Otra crítica general es el hecho de que la ley de transparencia obligue a abrirse desde el miércoles a la administración general del Estado, a los altos organismos y a diversas organizaciones privadas, pero no haga lo propio hasta dentro de un año con las autonomías, los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, en lo que entienden una moratoria excesiva.

La duda unánime está en la generosidad que demostrarán los organismos concernidos a la hora de cumplir con sus obligaciones de publicidad activa, de exponer toda la lista de datos y documentos a que les exige la ley. Se trata de saber de si optan por un criterio de máximos o mínimos, si utilizan formatos electrónicos cómodos y útiles para los ciudadanos o les ponen trabas, si son sintéticos o hacen un amplio desglose de cada documentación, o si optan por 'cocinar' la información o si la ofrecen en bruto para un mayor aprovechamiento. En definitiva, la aplicación más que la letra, creen, determinará el éxito de ley.
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