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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El Gobierno regula la intervención de correos electrónicos y mensajes de móvil en la investigación penal

  • Las causas complejas de terrorismo, corrupción o económicas tendrán una instrucción máxima 18 meses prorrogables de forma indefinida
  • El ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y la Policía Judicial podrán intervenir una comunicación 24 horas sin control judicial
  • Se prevé que el anteproyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llegue al Parlamento en febrero

Imagen del icono de  WhatsApp en un teléfono móvil.

Imagen del icono de WhatsApp en un teléfono móvil

EFE
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Actualizada 06/12/2014 a las 11:57
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  • colpisa. madrid
El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado este viernes 5 de diciembre por el Consejo de Ministros, establece por primera vez un marco legal para las medidas de investigación tecnológica dentro del proceso penal y fija plazos de instrucción para las causas simples y complejas, de seis y 18 meses, respectivamente, que se podrán prorrogar por esos periodos de forma indefinida.

Estas son dos de las grandes novedades del texto presentado por el Ministerio de Justicia y que supone una importante modificación de la norma que data de 1882 y afectará de lleno al marco legal que utilizan los juzgados y tribunales de lo penal del país. La regulación de los requisitos para la investigación tecnológica, un campo arduo por las características del delito y la colisión en ocasiones con derechos fundamentales como la intimidad, permitirá a partir de ahora que las fuerzas de seguridad cuenten con la cobertura necesaria para intervenir correos electrónicos y mensajes de móvil, los SMS o los populares 'whatsapp'.

Hasta la fecha, la interceptación de estas comunicaciones se movían en aguas movedizas, sin una cobertura legal articulada. Una circunstancia que ha sido objeto de críticas continuas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también hace unas semanas del Tribunal Constitucional, que emplazó al legislador a abordar la reforma por afectar a la esfera más íntima de las personas.

Hace pocas fechas, la corte de garantías invalidó como prueba de cargo la grabación de las conversación en un calabozo de una comisaría a un condenado por asesinato. Esta sentencia provocó un efecto cadena en causas de narcotráfico, por ejemplo, que tienen su origen muchas veces en 'pinchazos' telefónicos.

La reforma del proceso penal permitirá, asimismo, que el juez pueda acordar en resolución motivada y durante tres meses prorrogables por iguales periodos, hasta un máximo de dos años, la interceptación de las "comunicaciones postales y telegráficas" de las personas sobre las que hay indicios de responsabilidad criminal.

24 HORAS

Un matiz importante es que, "en caso de urgencia" y cuando el delito sea de "especial gravedad", podrá ordenarla el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, quienes deberán comunicarlo de inmediato y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, al juez. Éste revocará o confirmará la actuación en un periodo de 72 horas.

De igual forma, la Policía Judicial podrá intervenir las comunicaciones de forma autónoma durante un periodo máximo de 24 horas cuando, por razones de urgencia o del delito, ya sea terrorismo, que afecte a menores o que sea de especial gravedad, sea necesario en el marco de una investigación.

El nuevo marco legal permitirá colocar dispositivos electrónicos para grabar conversaciones o imágenes en el domicilio de la persona investigada. La medida deberá ser autorizada por el juez competente, de la misma forma que lo tendrá que ser la entrada en esa vivienda "o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privacidad".

Además, la utilización de estos dispositivos solo podrá acordarse cuando los hechos investigados constituyan delitos cometidos por una organización criminal, terrorismo, delitos contra menores u "otros que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad". En ningún caso, la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrá incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con su abogado.

Otra pata de la reforma son las medidas de agilización procesal. Una de las soluciones planteadas pasa por limitar los plazos de instrucción a seis meses en los asuntos simples, y a 18 meses prorrogables sin límite para las investigaciones complejas, como las de terrorismo, banda criminal o 'macrocausas con múltiples delitos. También regula la posibilidad de juzgar de forma separada piezas que corresponden a un mismo procedimiento, de forma que la conexidad que la ley exige no opere de forma tan rígida.

El anteproyecto de ley pasará ahora los pertinentes informes consultivos, como el del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, antes de llegar al Parlamento convertido en proyecto. Se espera para febrero.
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