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Tribunales

El contrato de basuras de Toledo deja más sombras sobre el PP de Cospedal

  • El exalcalde Molina declara que no hubo informes sobre el sobrecoste de 11 millones antes de las municipales de 2007

María Dolores de Cospedal.

María Dolores de Cospedal

EFE
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Actualizada 25/11/2014 a las 09:27
  • Colpisa. Madrid
La mancha de aceite de la supuesta 'caja B' del PP sigue extendiéndose. El contrato de basuras de la ciudad de Toledo, una de las piezas judiciales más comprometidas para el Partido Popular, en general, y para su secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en particular, sumó el lunes nuevas sombras de sospecha.

Durante cinco horas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel' y de la presunta financiación irregular del PP, trató de reconstruir los pormenores que llevaron al consistorio manchego a adjudicar en 2007 a la empresa Sufi, filial de la constructora Sacyr, el servicio de recogido de basuras durante diez años a cambio de un cohecho de 200.000 euros destinado a la campaña electoral de Cospedal, según los indicios probados hasta ahora en la investigación.

El contrato fue gestionado por el equipo de gobierno de José Manuel Molina, exalcalde popular imputado en el proceso por tres delitos -prevaricación, tráfico de influencias y cohecho- y ratificado por su sucesor en la alcaldía Emiliano García Page, senador y secretario general del PSOE en esa comunidad. Ambos declararon el lunes ante Ruz, el primero como acusado -y acompañado de su abogado- y el segundo como testigo.

Una vez confirmado el cohecho de 200.000 euros recibido por el gerente regional del PP manchego, José Ángel Cañas, imputado en la causa, de manos de Luis Bárcenas (consta en el procedimiento un recibí del primero aportado por el segundo en sede judicial), el intríngulis que trata de desenmarañar ahora el juez Ruz son las "irregularidades" de la citada contrata. Para ello la batería de declaraciones realizadas el lunes en la Audiencia Nacional, que tendrán su continuidad este martes con cinco trabajadores de la empresa Sufi.

NO HUBO INFORMES

El centro de las sospechas surge en un informe de la Intervención General de la Administración Estado incluido en la causa. El escrito concluye que el coste del contrato para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones de euros. Es decir, se elevó en 11,3 millones a solo cuatro días de las municipales de mayo de 2007, "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

El exalcalde Molina fue el primero en declarar. El actual "canciller" de la embajada de España en la República Democrática del Congo, cargo de libre designación, negó al juez que durante su mandato se adoptara "un acuerdo ilegal" para favorecer a Sufi, así como que "en su vida" ha cobrado comisión alguna, en referencia al cohecho destinado al PP manchego.

No obstante, fuentes de la acusación presentes en la declaración señalaron que el imputado sí admitió que el protocolo que sirvió para darle carta de naturaleza al contrato se realizó sin los informes preceptivos. Como tampoco hubo en la ampliación del mismo día antes de la elecciones. El interventor municipal que también declaró el lunes como testigo confirmó este extremo.

Así, para las acusaciones ha quedado claro el delito de prevaricación de Molina, mientras que el siguiente paso será tratar de confirmar tanto al cohecho como el tráfico de influencias en la entrega que desveló Luis Bárcenas en sede judicial. Por este asunto están imputados el citado José Ángel Cañas y Lamberto García, concejal de Hacienda con Molina y cargo orgánico del PP de Castilla-La Mancha, es decir, el enlace entre el ayuntamiento y el partido autonómico dirigido por Cospedal.

Finalmente, el diputado popular Sebastián González, quien declaró como testigo por ser la persona que supuestamente habría trasladó "la idea" de la entrega de 200.000 euros al PP manchego, negó este extremo en una corta declaración.
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